La Ley Lafkenche, que protege los derechos consuetudinarios de pueblos originarios sobre territorios costeros, enfrenta una propuesta de modificación que comunidades y expertos critican duramente. Señalan que los problemas de la ley son administrativos, no legislativos, y alertan sobre los riesgos de alterar este instrumento crucial de protección y diálogo.

Críticas a la modificación de la Ley Lafkenche: Expertos y comunidades indígenas defienden el valor de la norma

La Ley Lafkenche (24.249), promulgada en 2008, se erige como un instrumento vital para la protección de los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios en la administración de territorios marítimos. A través de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), esta ley ha permitido a las comunidades indígenas preservar sus tradiciones y gestionar los recursos naturales de manera sostenible. Sin embargo, una propuesta legislativa para modificar esta normativa ha generado una intensa polémica entre legisladores y comunidades indígenas.

La iniciativa fue ingresada el 2023, impulsado por los senadores Fidel Espinoza, Carlos Kuschel, Gastón Saavedra, David Sandoval y el ex senador Álvaro Elizalde (actual ministro), cuyo objetivo, según señalaron, es «perfeccionar» la ley, supuestamente para armonizar los usos consuetudinarios con otras actividades en el borde costero. En septiembre de este 2024, la Comisión de Intereses Marítimos del Senado aprobó en general este proyecto y según los senadores, esto busca lograr “justos equilibrios” y abordar problemas administrativos, como los tiempos prolongados en la resolución de solicitudes de ECMPO.

Sin embargo, esta no es el único proyecto de ley que busca modificar la ley, ya que también fue ingresado el 10 de septiembre de este 2024, la iniciativa del diputado Miguel Ángel Calisto, que pretende “modificar la ley N° 20.249 que Crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), adecuando sus artículos con el objeto de posibilitar la existencia armónica de las Espacios Costeros de los Pueblos Originarios y la actividad económica local”.

En medio de este escenario, se viene señalando que cualquier intento de modificación debe ser precedido por un proceso de consulta indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT. El senador Daniel Núñez, en su intervención en la Comisión del Senado, recordó la necesidad de incluir esta consulta en cualquier reforma legislativa que afecte a los derechos consuetudinarios.

¿Qué dicen las comunidades?

Durante el Congreso Lafkenche de febrero de 2024, que reunió a unos 200 representantes de comunidades indígenas desde Lebu hasta Aysén, se señaló que esta modificación pone en riesgo los derechos de los pueblos originarios. “La Ley Lafkenche nació como una forma de protección ante las vulneraciones de la Ley General de Pesca a los ecosistemas costeros», declararon los asistentes, subrayando que el Estado no ha hecho los esfuerzos suficientes para agilizar la resolución de solicitudes.

“El Estado ha fallado en agilizar las resoluciones de ECMPO y en propiciar un ambiente de diálogo eficaz”, señalaron en dicho congreso, argumentando que modificar la ley sin abordar estos aspectos podría generar nuevos conflictos y poner en riesgo los avances logrados hasta ahora en la protección del borde costero y sus ecosistemas.

Por su parte. Patricio Colivoro, werkén de la comunidad Mon Fen de Yaldad y coordinador del ECMPO Wafo Wapi en Chiloé, destacó en junio de 2024 a medios de prensa: “Somos promotores de esta ley; para nosotros es una oportunidad de administrar colectivamente los espacios de uso común”. Colivoro enfatizó que la Ley Lafkenche permite coordinar las actividades en torno al borde: “para nosotros es una oportunidad de administrar colectivamente los espacios que son de uso común, tanto de la pesca artesanal, las comunidades y las actividades conexas, como por ejemplo, la conectividad a través del Ministerio de Obras Públicas, las obras de las propias municipalidades, la mitilicultura y todas las actividades que se realizan en torno al borde costero, se pueden coordinar para hacer una administración colectiva”.

Asimismo, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, en mayo de 2024, denunció las campañas de desinformación en contra de la Ley Lafkenche. “Es importante aclarar que los ECMPO no excluyen a ningún individuo ni usuario del mar”, afirmaron, rechazando las actitudes racistas y clasistas que se han manifestado en plataformas digitales. La red subrayó que la ley busca armonizar los usos económicos con la preservación ambiental y la conservación de la biodiversidad.

A nivel internacional, la preocupación también ha resonado. En marzo de 2024, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió antecedentes sobre la situación de la Ley Lafkenche en su examen periódico al Estado de Chile. Las comunidades a través de un informe advirtieron sobre las amenazas que enfrenta esta normativa, calificando el proyecto de modificación como un intento de vulnerar los derechos. “Esta propuesta busca reestructurar la ley para beneficiar a actividades industriales, lo que representa un retroceso en la protección de los ecosistemas y nuestros territorios”, indicaron en su presentación.

A pesar de las críticas, el proceso de diálogo que ha promovido la Ley Lafkenche ha demostrado su eficacia en varios casos. Un ejemplo de ello fue en octubre de este 2024, en el sector de Piedra de Achao, donde las comunidades costeras sostuvieron  un acuerdo con el Sindicato de Pescadores Bahía de Achao para desafectar una zona de tramitación ECMPO para posibilitar una caleta a favor de los pescadores. Pamela Zúñiga Neún, coordinadora de la Mesa Territorial Wapintu Quinchao, destacó la importancia de este acuerdo: “El diálogo supera las tensiones generadas por intereses externos y fortalecer los lazos entre quienes comparten el mismo territorio”, destacando a la Ley como instrumento de diálogo.

“Los problemas de la Ley Lafkenche son de carácter administrativo, no legislativo”.

En el contexto de las propuestas para modificar la Ley Lafkenche, expertos y organizaciones advierten que las deficiencias en la aplicación de la norma responden a problemas administrativos, no legislativos.

Lorena Arce, co-directora del Observatorio Ciudadano, afirmó en entrevista con Mongabay Latam que “ninguna de las modificaciones propuestas son necesarias, puesto que la ley actualmente considera todos esos aspectos”. Señaló que las demoras en la tramitación de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) se deben a que “los diferentes organismos del Estado se pasan de esos plazos, especialmente CONADI”.

Arce subraya que la ley en sí no es el problema, sino su implementación, y advierte que el proyecto en curso podría abrir la puerta a cambios más profundos que afectarían a las comunidades. “Todos sabemos que un proyecto de ley nunca sale de la misma manera a como entró”, señaló, resaltando que algunas voces ya piden la derogación de la ley.

En análisis crítico  de los geógrafos marinos:  Álvaro Montaña y Aurelia Guasch , difundido en diversas fuentes de prensa, sobre las “mentiras y verdades de la Ley Lafkenche”,  coincidieron en que el retraso en la tramitación de los ECMPO es un asunto administrativo y que el problema radica en la aplicación deficiente de la ley por parte del Estado», indican, apuntando a CONADI y Subpesca como los responsables, agregando que «El Estado debe solucionar sus deficiencias y cumplir los tiempos establecidos en la Ley».

Aunque algunos critican la ley por ser excluyente, los autores afirman que “las solicitudes de ECMPO respetan los derechos previamente constituidos sobre el mar”, y que el artículo 11 garantiza la inclusión de otros usuarios. Además, cuestionan quién define lo que es «racional» o no, defendiendo las prácticas indígenas sostenibles.

Finalmente, Guasch y Montaña llaman a un pacto social que permita al Estado actuar como mediador en los conflictos, asegurando que la desinformación solo profundiza la fragmentación en las zonas costeras.

¿Qué dice el Gobierno?

En entrevista con el diario El Llanquihue, publicada el 12 de octubre de 2024,  el ministro de economía, Nicolás Grau, entregó detalles sobre el trabajo que se está realizando en la revisión del reglamento de la ley Lafkenche, quien reconoció que esta ley “tiene una inspiración adecuada” y que “fue un avance en su minuto”, definió que “es relevante” que mediante ella exista “cierta protección para los pueblos originarios respecto a poder ejercer sus derechos económicos: No obstante, admitió que “en su implementación –en algunos casos, no en todos,  ha generado problemas y una conflictividad entre comunidades”. Por ello considera necesario “hacer un esfuerzo para que  la institucionalidad no genere conflictividades, sino que la resuelva”.

Consultado por el medio sobre si, además de la propuesta de modificación que se tramita en el Congreso, el Gobierno está impulsando alguna otra acción, al respecto, Grau indicó: “Estamos revisando el reglamento para identificar potenciales mejoras que permitan que, junto con cumplir el espíritu de la ley, se logre reducir estos niveles de conflictividad (…) “Tenemos una visión optimista, en el sentido de que creemos que es posible mantener todos los avances sustantivos que implicó la Ley Lafkenche, su espíritu; al mismo tiempo que se haga cambios reglamentarios que permitan comprimir esta conflictividad”.