“…debería ser una de las prioridades para la política microeconómica de la futura administración y el legislativo acelerar proyecto de ley anti-colusión del 2020, hoy en trámite, que forma parte de la agenda antiabusos y trato justo para modificar la ley de competencia chilena (DL 211)”.

Escribe: Humberto Salas Jara, académico de la Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile.

El análisis se ha concentrado en los desafíos macroeconómicos que tendrá el próximo gobierno relativos a crecimiento, desempleo, inflación, presupuesto fiscal, clima para la inversión, entre otros temas que son de relevancia y, sin duda, requieren ser atendidos con diligencia. Sin embargo, hay un problema de carácter microeconómico que debe ser abordado con premura por el costo social genera, pues los bolsillos de las personas se están viendo afectados directamente y esto influye en la percepción y confianza respecto de la gestión de los gobiernos y el legislativo.

Casos emblemáticos de colusión, como el de las grandes cadenas de farmacias, el papel tissue, la carne de pollo y la locomoción colectiva en regiones, han afectado directamente a las personas. Incluso empresas han visto afectados sus costos por conductas colusivas en el transporte marítimo, alimentos para el salmón, entre otras. La lista suma y sigue.

Hoy se investiga la probable colusión del transporte de valores, textos escolares, notarías y la que más revuelo mediático ha tenido es la del gas licuado. En esta última la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que defiende y promueve en Chile la libre competencia, realizó un estudio del mercado detectando irregularidades como la baja intensidad competitiva, concentración en la importación y distribución interna que ha derivado en la obtención de beneficios anormales. La investigación aún no es concluyente y recomienda prohibir la distribución directa a clientes de parte de las empresas involucradas, esto favorecería a pequeños distribuidores incentivando la competencia y entrada de nuevos actores.

El diagnóstico se repite en todos los casos anteriores, y aun cuando en algunos de ellos se ha demostrado que la colusión existió y se ha sancionado a las empresas a devolver parte de los beneficios obtenidos ilícitamente a los consumidores, la sensación de la ciudadanía es de impunidad ante estas malas prácticas, pues evidentemente se han visto forzados a pagar mayores precios, generándose reiteradamente pérdidas irrecuperables para la sociedad y pérdida de bienestar.

En consecuencia, debería ser una de las prioridades para la política microeconómica de la futura administración y el legislativo acelerar proyecto de ley anti-colusión del 2020, hoy en trámite, que forma parte de la agenda antiabusos y trato justo para modificar la ley de competencia chilena (DL 211), lo que implica entregar herramientas a la FNE para perseguir los carteles y aumentar las penas efectivas, principalmente en mercados de bienes y servicios de primera necesidad.  Estaremos así en línea con la experiencia internacional, que aparte de sanciones económicas contempla cárcel para los artífices de colusiones en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Japón.