Haciendo eco de la campaña “21 razones para defenderte” -lanzada en marzo pasado por la Defensoría Penal Pública, a propósito de un nuevo aniversario de la institución-, el Defensor Regional de La Araucanía, Renato González, entregó a la comunidad el balance anual de la gestión 2021 de su equipo.

Desde el Memorial de los Derechos Humanos, ubicado en el Parque Urbano Isla Cautín, González hizo un resumen de la gestión del año anterior, espacio en que relevó cifras y reflexionó sobre cada uno de los derechos que tienen las personas que se ven enfrentadas a un proceso penal.

Haciendo presente el contexto de pandemia y el estado de excepción constitucional dispuesto para La Araucanía por razones de seguridad, el directivo expuso en detalle el trabajo realizado por los más de 90 funcionarios de la defensa pública en la zona.

COBERTURA DE ATENCIÓN

Según González, durante 2021 la Defensoría Regional representó a 18 mil 174 personas imputadas por algún crimen, simple delito o falta penal, trabajo que se desarrolló gracias al compromiso de las más de 60 defensoras y defensores públicos que trabajan en la región. En ese contexto, los delitos con más imputaciones fueron las lesiones (15,2 por ciento), aquellos contra la libertad e intimidad de las personas (12,6 por ciento) y los delitos de la Ley de Tránsito (11,2 por ciento).

El Defensor Regional mencionó en particular las 3 mil 970 personas imputadas el año pasado por delitos asociados a la infracción de normas higiénicas y sanitarias, las que en su gran mayoría fueron sobreseídas.

“La inmensa mayoría de las personas imputadas por este delito fueron sobreseídas definitivamente y ello se debió a que la Corte Suprema, acogiendo en gran medida las alegaciones realizadas por la Defensoría Penal Pública, confirmó que las meras infracciones a los toques de queda no eran suficientes para configurar el delito contemplado en el artículo 318 del Código Penal. Por su parte, el Tribunal Constitucional resolvió que la misma norma era una ley penal en blanco, incompatible con el principio de legalidad”, sostuvo.

DEFENSA MAPUCHE

El abogado informó también que en 2021 el equipo especializado en defensa indígena de La Araucanía asumió la representación de 3 mil 712 personas imputadas que se declararon pertenecientes al pueblo mapuche. Al respecto, reiteró sus dichos del año anterior y recalcó la importancia de la mirada intercultural en la labor que realizan los equipos de trabajo.

“No podemos olvidar que nuestra forma de ver la vida no es la forma de todos y todas. La justicia no es imponer una mirada sobre la otra. La justicia está llamada a resolver un conflicto penal haciéndose cargo, cuando corresponde, de las diferencias culturales que pudieren existir. Comprender y defender estas diferencias en el proceso penal es parte esencial de nuestra misión, porque tienes derecho a que se respete tu cultura”, señaló.  

PRISIÓN PREVENTIVA

Renato González aprovechó la oportunidad de reafirmar la opinión institucional respecto del uso excesivo de la prisión preventiva en Chile.

“Por años, la Defensoría Penal Pública ha sostenido que el uso excesivo de la prisión preventiva violenta los derechos de las personas, contradice los principios de una sociedad democrática y atenta contra el debido proceso. La prisión preventiva no es y no debiera ser una pena anticipada. Es por ello que solo en forma excepcional se justifica”, comentó.

Durante el año pasado, 679 personas representadas por la Defensoría de La Araucanía estuvieron en prisión preventiva, de las cuales 25 concluyeron sus causas de una manera diversa a una sentencia condenatoria y dos obtuvieron sentencia absolutoria en juicio oral.  

“Cuando podamos evitar la privación de libertad de una persona, por corta que ésta sea, los intervinientes en el proceso penal estamos obligados a utilizar otros mecanismos de control. Ello no implica debilidad del sistema, sino respeto a los derechos humanos de todas y todos”, recalcó el directivo.

DEFENSA JUVENIL

Una de las cifras mencionadas por González que más llamó la atención fue la relacionada con la defensa penal juvenil, área que ha experimentado una significativa baja en la cantidad de imputados adolescentes representados por la defensa pública en los últimos años.

Según el Defensor Regional, mientras en 2019 el 5,89 por ciento de los imputados representados por la Defensoría Regional eran menores de 18 años, en 2020 esa cifra bajó a 3,7 por ciento y en 2021 llegó a 3,1 por ciento de los ingresos totales.

JÓVENES DETENIDAS EN CURACAUTÍN

Tras la entrega de estas cifras, el Defensor Regional expresó su profunda preocupación por la forma en que se abordan las situaciones de violencia escolar, tras lo cual indicó que el derecho penal no es la respuesta más efectiva ni la única para resolver los conflictos que viven los adolescentes.

A continuación, González detalló la situación vivida por cuatro adolescentes de Liceo «Las Araucarias» en Curacautín que, tras una riña en el establecimiento fueron detenidas y privadas de libertad por más de 24 horas en la unidad policial de la localidad.

“No puedo omitir mi honda preocupación al constatar que mujeres adolescentes escolares de Curacautín hayan sido detenidas en su liceo, privadas de libertad por más de 24 horas en el calabozo de una comisaría y formalizadas por el eventual delito de lesiones por haberse causado, mutuamente, lesiones leves en el contexto de una riña escolar, detención declarada ilegal por el juzgado de letras y garantía respectivo. Situaciones como estas no pueden volver a repetirse”, aseguró.

Según González, a todos quienes deben tomar decisiones sobre la eventual privación de libertad de adolescentes les  corresponde «extremar los esfuerzos para evitar el contagio con el sistema penal. En muchas ocasiones, y esta es una de ellas, la violencia no puede ser respondida con más violencia, como lo es privar de libertad a mujeres adolescentes por hechos que tienen respuestas múltiples y claramente mejores”, afirmó.

PROCESO CONSTITUYENTE

Al cerrar su discurso, el Defensor Regional de La Araucanía dedicó palabras al trabajo institucional desarrollado durante el proceso constituyente, periodo en que la Defensoría Penal Pública contribuyó con su mirada respecto de la relevancia de la autonomía constitucional y la necesidad de reforzar ciertos principios básicos del sistema penal.

“No es posible cerrar este balance regional sin representar lo que la Defensoría Penal Pública lleva años manifestando sobre la necesidad de alcanzar el estatus de autonomía constitucional, lo que no sólo permite una mayor autonomía funcional y alcanzar un mayor equilibrio con los demás intervinientes del proceso penal, sino que permitirá aportar, en forma independiente, al debate en la discusión de políticas públicas y de legislación, relacionadas con el derecho penal y los derechos humanos”, concluyó.

Revise completa la cuenta pública del Defensor Regional, Renato González, en el siguiente enlace: