La violencia obstétrica ha sido un tema largamente ignorado, pero en Chile se han dado algunos pasos para visibilizarla y enfrentarla. La sensibilización y capacitación de los profesionales han mejorado en diversos ámbitos, y la implementación de políticas públicas ha marcado un punto de inflexión en la atención en salud. Sin embargo, persisten desafíos importantes, especialmente en zonas rurales, donde las brechas de acceso y calidad se hacen más evidentes. 

Tres leyes destacan en la protección de las mujeres en este contexto. La Ley Integral de Violencia y Género, promulgada en 2013, fue pionera en reconocer la violencia obstétrica y exigir una atención digna y respetuosa. La Ley Mila garantiza el acompañamiento durante el parto, un aspecto fundamental para el bienestar emocional y la autonomía de la mujer. Por último, la Ley Dominga, centrada en las pérdidas gestacionales y perinatales, establece protocolos de contención que abarcan desde abortos en etapas tempranas hasta fallecimientos neonatales, asegurando un trato humano y respetuoso para las familias afectadas. 

Pese a estos avances, las mujeres en áreas rurales enfrentan mayores barreras. El acceso limitado a servicios de salud sigue siendo un obstáculo, tanto en términos geográficos como de calidad. En muchos casos, la atención es insuficiente o inadecuada debido a la falta de personal capacitado. Sin procesos de formación continua, las prácticas obsoletas persisten, perpetuando formas de atención que no siempre respetan los derechos de las mujeres. 

A esto se suman barreras culturales y educativas. La desinformación en derechos sexuales y reproductivos dificulta que las mujeres identifiquen y denuncien situaciones de violencia obstétrica. Este panorama revela que, aunque las leyes representan un progreso innegable, es urgente garantizar su implementación efectiva, sobre todo en los sectores más vulnerables del país. 

Chile avanza hacia una atención en salud más equitativa y respetuosa, pero este objetivo solo será alcanzable cuando los derechos reconocidos en el papel se traduzcan en prácticas que beneficien a todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia. 

María Valderas 
Académica Escuela de Obstetricia UNAB