Este 10 de diciembre se cumplen cinco años desde que el Congreso Nacional aprobó la acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, inhabilitándolo para ejercer cargos públicos debido a su responsabilidad política en la gestión de la crisis de derechos humanos durante el estallido social de 2019.

La acusación, impulsada por la entonces oposición, responsabilizó a Chadwick por no adoptar medidas efectivas para frenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estado de emergencia decretado entre el 19 y el 28 de octubre de ese año. En el proceso, el ahora Presidente de la República, Gabriel Boric, en su rol de diputado, participó activamente defendiendo el libelo ante el Senado.

El juicio político resultó en 23 votos a favor y 18 en contra, sellando la inhabilitación por cinco años del exjefe de gabinete de Sebastián Piñera. Su defensa estuvo a cargo del abogado Luis Hermosilla, quien actualmente enfrenta prisión preventiva en el marco del Caso Audios, una trama que también ha salpicado nuevamente al exministro.

Con el cumplimiento de este plazo, Chadwick recupera la posibilidad de retornar a la vida pública y postularse a cargos políticos, en un contexto donde su figura continúa siendo objeto de cuestionamientos éticos y legales, particularmente por su cercanía con nombres vinculados a polémicas recientes.

El fin de esta inhabilitación reabre el debate sobre la vigencia de las responsabilidades políticas asociadas a su gestión y el impacto de su posible regreso en un escenario político marcado por tensiones.