Escribe: Andrés Roldán, Académico, Universidad Autónoma de Chile sede Temuco

Un tema que casi no se ha discutido es el relativo al acceso a la educación superior de jóvenes de familias migrantes en el país. Chile es un país receptor de oleadas migrantes desde siempre, y en los últimos años destaca la inmigración de países como Venezuela, Haití y Colombia. Como sabemos, muchos de estos migrantes arriban en precarias condiciones económicas y de salud. Una vez en el país comienzan lentamente a encontrar un lugar en el mundo del trabajo. Muchas de estas familias ya tienen hijos/as en edad de continuidad de estudios de nivel terciario.

Es cierto que la población migrante se ha concentrado en el norte del país, pero también en ciudades como Temuco es común ver a personas y familias de inmigrantes. Lo que es poco habitual en nuestra práctica como docentes universitarios es encontrarnos en las salas de clase a estudiantes provenientes de familia migrantes.

Se puede decir: “No deben ser muchos los casos de jóvenes de familias en esta situación, por qué entonces preocuparnos por esto”; pero es de gran relevancia. La verdad es que muy importante continuar robusteciendo aquellos mecanismos inclusivos que favorezcan el ingreso a la Universidad, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, porque a través de ellos se llega a la población más vulnerable del país. Al entregar la oportunidad de acceso a la educación superior, aunque tal vez sea una población objetivo pequeña, esto impactará en un grupo más amplio en el futuro, es decir, en el mejoramiento de las condiciones de vida de estos mismos estudiantes y la de sus familiares.

En este esfuerzo deben participar las universidades y el Estado. Los apoyos a estos/as jóvenes deben apuntar al resguardo de que su situación migratoria no sea un impedimento para continuar sus estudios. Esto implicaría, por ejemplo, flexibilizar algunos mecanismos y requisitos para la postulación a las instituciones y a la gratuidad. Pero además la detección temprana de casos a través de los programas de inclusión que trabajan desde la enseñanza media con liceos vulnerables.

Entonces el llamado es a continuar abriendo las puertas de la educación superior. Esta mirada del valor puesto en lo social nos ayuda a ir creciendo como colectivo humano, nos ayuda a ir reduciendo la pobreza y nos ayuda a construir una sociedad de oportunidades. No podemos dejar en el olvido a estas y estos jóvenes, que por diversas razones se encuentran viviendo esta etapa de sus vidas en nuestro país. Si se logra incluir en la educación terciaria a un/a joven de familia migrante se favorece el proceso de movilidad social generando un impacto favorable en su entorno familiar. Estos esfuerzos contribuyen a la reducción de la pobreza. El desafío y la urgencia entonces es a revisar los requisitos de nuestra política de acceso a la educación superior para el caso de estudiantes que no cumplen con una situación de visa o residencia definitiva.

Justamente, con la inclusión de estos/as jóvenes a la universidad u otro centro educativo se podría contribuir a la regularización de su condición de migrante y la de su familia. Por favor no a la discriminación de acceso a la educación superior por la situación de migración del/a estudiante y su familia.