Sin duda, a contar de estos días serán muchos los que saldrán a exigir cambio en las leyes; regular las candidaturas, despejar el manto de dudas que significa la devolución de lo invertido en campañas, exigir un mínimo de condiciones para ser candidato especialmente a la presidencial. En esto, no debiera existir la lamentable y triste exposición que estamos ofreciendo al mundo, cuando un candidato hace campaña desde su casa en Estados Unidos porque si ingresa al país, va preso por no pago de pensiones de alimentos ¿y es candidato a la presidencia?

La publicación de Ciper sobre los gastos y reparto de dineros devueltos por Servel para la candidata de Comunes a la gobernación de Santiago, tiene revuelto el mundo político nacional, ya tumultuoso a horas del cierre de las campañas presidencial, parlamentarios y consejeros regionales.

Y con razón se escucha una lluvia de críticas a Karina Oliva por los millonarios montos a asesores durante su campaña a gobernadora. La reacción fue tan dura -porque no se esperaba que esa candidatura repitiera los vicios de la política “añeja” especialmente de la derecha, que el propio Gabriel Boric escribió: «Nuestro proyecto de cambios se funda precisamente en no repetir las prácticas que desprestigiaron y vaciaron de sentido la política y jamás en defensas corporativas»,

La candidata a senadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, ha estado en el ojo del huracán luego de que, este miércoles, Ciper revelara que siete de sus asesores de su campaña a gobernadora recibieran 137 millones de pesos por concepto de gastos de campaña.

El monto, que lo paga un organismo público como lo es el Servel, fue dividido entre Martín Miranda Sepúlveda, jefe de campaña en ambas vueltas electorales, quien cobró $40 millones en los cinco meses de campaña legal; Camila Ríos, de la directiva de Comunes, quien recibió $25,5 millones; José Robredo, asesor comunicacional, quien cobró un total de $20,9 millones; Jorge Ramírez, presidente de Comunes, quien recibió $16,2 millones; Jean Flores, percibiendo $15 millones; Diego Corvalán, con $10 millones; y Luis Romero, quien cobró $10 millones solo por trabajar en segunda vuelta.

Según la investigación de Ciper, estos montos solo serían comparables a los pagados en las campañas presidenciales de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez en 2017.

Ese medio de financiar la política, la rechazamos y es precisamente lo que ha llevado a los chilenos a creer menos en ella y en los políticos. Algunos disfrutan una vida laboral viviendo cómodamente desde el Congreso o desde los altos cargos públicos. Son candidatos a todo, ellos y sus hijos, esposas, nietos, amigos y compadres. Pero están atentos a criticar a aquellos manifestantes y violentistas porque “ponen en riesgo a la democracia”.

Lo sucedido por Karina Oliva y su partido -Comunes- rápidamente se tomó como bandera de lucha para algunos medios de comunicación, que siempre están “al agüaite” -para emplear un término propio de nuestros campos- para congraciarse con los poderosos dueños del dinero, los mismos que ahora tejen y enseñan a las autoridades públicas, cómo tienen que legislar “para incentivar la inversión”.

Sin duda, a contar de estos días serán muchos los que saldrán a exigir cambio en las leyes; regular las candidaturas, despejar el manto de dudas que significa la devolución de lo invertido en campañas, exigir un mínimo de condiciones para ser candidato especialmente a la presidencial.

En esto, no debiera existir la lamentable y triste exposición que estamos ofreciendo al mundo, cuando un candidato hace campaña desde su casa en Estados Unidos porque si ingresa al país, va preso por no pago de pensiones de alimentos ¿y es candidato a la presidencia?

Esta es la oportunidad, para despejar asuntos parecidos, como impedir ser candidatos personas que fueron sancionados por tribunales y/o que tengan conflicto de interés; también es la ocasión para terminar con el desfile de santiaguinos que, sin capacidad de ser electos por la Región Metropolitana, desfilan por las regiones para instalarse a candidatos a algo, proporcionando una dirección que no corresponde a su paradero familiar.

Estamos por marcar nuestro voto para elegir presidente, diputado y consejero regional, cargo al que ahora postular cientos de candidatos -ahora que están mejor remunerados, aunque hay candidatos de sobrada experiencia e ingresos muy superiores-. Ahora tenemos decenas y decenas de candidatos al Core que aun no demuestran su capacidad directiva en una organización vecinal, pero con un discurso contra los viejos políticos pretenden llegar a esos cargos. Es la hora de cambiar las viejas estructuras que administran el país, pero debemos reconocer que -por lo menos- tenían un buen discurso.