John Müller: “Lo que más llama la atención de los casos de corrupción recientes en Chile es la implicación de funcionarios públicos y lo poco que se habla de medidas para mantener su probidad…”.

La corrupción política se produce en la zona de contacto entre lo público y lo privado, entre el Estado y el sector privado. Mientras más amplia y opaca sea esa zona, más probabilidades existirán para que haya corrupción. Esta fue la tesis de mi reciente intervención en el Foro de Icare “¿Cómo viene el 2015?”. Sin embargo, calculé mal el tiempo y tuve que omitir unos párrafos que hoy quisiera rescatar.

Lo peor de los casos de corrupción que se han conocido en Chile es que nos brindan una gran ocasión de cometer más errores. Eduardo Engel habla, por ejemplo, de imponer la financiación estatal de la política. ¡Otra vez el Estado como solución cuando la evidencia es la contraria! En España y en Italia existe la financiación pública de la política y eso no ha evitado los escándalos. Incluso con fuertes subvenciones públicas, los partidos han generado esquemas corruptos para mantener una financiación paralela.

El modelo norteamericano de financiación política, basado en la libertad y transparencia total, está funcionando y genera menos corrupción que el modelo de intervención pública.

El problema real reside en que la política se ha vuelto carísima. El presupuesto de la última elección parcial en EE.UU. superó los US$ 6.000 millones. Quizá sería más inteligente trabajar en medidas que abaraten efectivamente la política.

Lo que más llama la atención de los casos de corrupción recientes en Chile es la implicación de funcionarios públicos y lo poco que se habla de medidas para mantener su probidad. ¿Ha realizado el Servicio de Impuestos Internos una investigación introspectiva? ¿Cómo nos aseguramos de que no hay más corruptos en su plantilla?

Esto plantea una cuestión que necesita una redefinición urgente: ¿Cuál es el ámbito de la política y cuál el del servicio civil? No es normal que un 20% o un 30% de las personas que han administrado el Estado salgan de sus puestos cuando cambia el Gobierno. Esto solo ha sido visible cuando ha habido rotación real en el poder. Y no es una cuestión que se pueda resolver solo con una política de incompatibilidades. Hay que trabajar bajo el principio de las mejores prácticas de gobernanza que asignan al político la facultad y el deber de fijar los fines y dejar que sean los funcionarios civiles los que actúen sobre los medios.

Todo esto recuerda los tiempos en que a los correligionarios se les prestaba dinero estatal en mejores condiciones que a los demás -qué bueno sería que el Banco del Estado hiciera público a quién y en qué condiciones presta el dinero de los contribuyentes-, o cuando las carreteras del Estado se rompían de un año para otro porque constructores inescrupulosos usaban malos materiales en los contratos públicos.

Tomo del libro “El cascabel al gato”, de José Piñera, la intervención que hizo el Presidente Frei Montalva en 1968 sobre la seguridad social chilena: “Hay dos mil leyes sobre previsión en Chile… sin embargo, el Ejecutivo no tiene medios de parar esta monstruosidad. En cada grupo de previsión hay muchas leyes con nombre y apellido. En Chile hay 30 cajas de previsión y 70 servicios de bienestar en organismos complementarios de seguridad social. Hay casos fabulosos. Los hípicos tienen nueve cajas de previsión. La Caja de los Ferrocarriles del Estado existe solo para pagar asignaciones y préstamos, es decir, un absurdo. Hay dos mil cien empleados de notarías y archivos judiciales que han sacado 27 leyes de previsión”.

Curiosamente lo que ha fallado estrepitosamente en Chile no ha sido el mercado, sino la política. Primero se conformó con reducir a meros clientes a los chilenos. Como los malos futbolistas, que no saben jugar sin balón, los políticos no supieron participar sin mangonear desde el Estado. Como el paradigma entonces era que este fuera chico y mandara poco, dieron un paso al lado y abandonaron la gestión de las cuestiones cívicas, entre las cuales una de las más importantes era la participación ciudadana que se veía limitada por la existencia de dos países: el de los inscritos y el de los no inscritos. Estos dos tipos de ciudadanos se vieron interpelados desde el poder como meros usuarios del país y no como sus legítimos accionistas, que es lo que realmente son.

Después, percibido el descontento, la clase política ha reaccionado a la antigua: ofreciéndose a intervenir para, teóricamente, igualar la cancha, repartiendo bonos y subvenciones, mostrándose dispuesta a pagar (con nuestro dinero) la cuenta de la educación, fijando los porcentajes de música chilena que se deben oír, expropiando el tiempo de los estacionamientos.

Es una actividad incesante que busca enmascarar lo que realmente ha faltado, que es construir un discurso destinado al ciudadano, que recargue sus valores cívicos, y que atienda a una de las quejas de estos que no se quiere oír: los chilenos denuncian que no se les respeta. Pero esa falta de respeto lleva los ecos del viejo clasismo. No es el mercado el que no los respeta y los trata desigualmente, sino una élite bien conectada a través de la política y los negocios que recibe un trato diferenciado de las instituciones, que se salta las reglas del mercado y que percibe que controla el país. Esa élite no coincide exactamente con los más ricos, ni con los empresarios, ni con los intelectuales, aunque haya de estos en su seno. Pero si aglutina a la totalidad de los políticos, que forman la élite de libre elección, que con frecuencia olvida que hoy los países son “casas de vidrio” y que la soberbia es mala consejera para transitar por ellos.

John Müller, Ex director adjunto y columnista del diario español El Mundo

Publicado en El Mercurio, el 25-03-2015