Con esto, el documento pasa a su segundo trámite constitucional donde deberá ser discutido por el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, por 75 votos a favor y una abstención, el proyecto de acuerdo enviado al Congreso, en junio pasado por la presidenta Michelle Bachelet, sobre la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Convención tiene por objetivo asegurar y garantizar 24 derechos y libertades básicas de las personas mayores, como por ejemplo, el de igualdad y no discriminación por razón de edad, la vida y  dignidad en la vejez y el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, entre otros.

Al respecto, el director nacional de SENAMA, Rubén Valenzuela, precisó que “la Convención será un importante avance para la protección de las personas mayores. Como Estado deberemos asumir una serie de compromisos, que deberemos trabajar de manera transversal y coordinada, implicando modificaciones de leyes, planes y programas, con el fin de  mejorar la calidad de vida de este segmento de la población, que actualmente representa a cerca de 3 millones de personas en nuestro país”.

Dentro de los principios generales que inspiran esta Convención están la promoción y defensa de los derechos humanos de la persona mayor; su valorización; su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; su dignidad, independencia, protagonismo y autonomía; la igualdad y no discriminación; y la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

De esta forma el Estado podrá adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, entre otras, que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.

El paso siguiente es que el Proyecto de Acuerdo,  que busca la ratificación de la Convención Interamericana,  sea analizado por el Senado, en su segundo trámite constitucional.