Tras las recientes publicaciones en La Tercera, que detallan las propuestas presentadas por los integrantes de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, queremos manifestar nuestra máxima preocupación ante un enfoque que perpetúa errores históricos y amenaza con profundizar la crisis en nuestra región.

Como actores comprometidos con el desarrollo y la paz de La Araucanía, creemos que estas propuestas consolidan un modelo de políticas que favorecen el gasto desmedido, incentivan privilegios y agravan las divisiones sociales.

Una de las propuestas más preocupantes es la creación de un Banco de Tierras como respuesta a las reclamaciones territoriales. Esta idea sigue poniendo el foco en un problema mal resuelto por el Estado, cargando injustamente la responsabilidad sobre los actuales propietarios, quienes no generaron el problema.

En las últimas décadas, el Estado ha gastado más de 1.000 millones de dólares en la compra de tierras, que en su mayoría han quedado abandonadas o improductivas . Ahora se propone gastar 3.000 millones de dólares adicionales , perpetuando lo que hemos denominado el “Pozo Sin Fondo”, un sistema que destruye la capacidad productiva de la región y no resuelve los problemas de fondo.

Actualmente, esta política tiene un costo promedio de 100 millones de pesos por familia beneficiada, entregas realizadas sin rigurosidad amparada en desmedro faltante de títulos de merced,  cifras que no solo son insostenibles, sino que representan una injusticia para el chileno promedio. Además, los resultados son nulos: los beneficiarios siguen en la misma situación inicial, mientras se profundiza la pérdida productiva.

Reconocemos la necesidad de reparación para quienes realmente hayan sufrido pérdidas respecto a títulos reconocidos por el Estado chileno, pero esta debe limitarse a quienes puedan acreditar derechos legítimos mediante títulos de merced u otros instrumentos legales válidos. La reparación no puede convertirse en un sistema de privilegios que afecta al resto del país. La justicia debe construirse sin destruir la productividad ni imponer costos desproporcionados que terminen pagando todos los chilenos. En este sentido, reiteramos que la reparación debe contemplar opciones distintas a la entrega de tierras, de tal forma que los beneficiados elijan libremente, permitiendo soluciones que sean sostenibles y efectivas para el desarrollo regional.

Del mismo modo, hacemos un llamado a algunos de los comisionados a evitar experimentos y ensayos con nuestra Araucanía. En lugar de políticas que solo generan incertidumbre y dividen aún más a la región, es urgente implementar medidas concretas que impulsen el trabajo y pongan en valor los terrenos abandonados. La tierra no puede continuar siendo el eje del problema ni una herramienta que profundiza la pobreza en La Araucanía.

Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad para emprender . En nuestra región son bienvenidos todos aquellos que deseen generar valor, trabajo e inversión, no importando su origen; porque esa es la base para alcanzar el desarrollo y la paz. Nos preocupa, sin embargo, la actitud de quienes pretenden decidir quién puede o no trabajar en las regiones del sur, o quiénes se sienten con el derecho a disponer de sus recursos legítimamente adquiridos. Estas visiones excluyentes solo atentan contra el progreso de nuestra región y de sus habitantes.

Por otro lado, nos preocupa que algunos comisionados haya puesto sobre la mesa propuestas de indultos para quienes fueron condenados por delitos graves relacionados con reivindicaciones territoriales. Esto es un golpe a la justicia y un retroceso en la construcción de paz. ¿Incluye esta idea a figuras como Héctor Llaitul? La justicia no puede ser negociable, y cualquier intento por validar la violencia como mecanismo de presión es un peligro para el futuro de nuestra región.

El país tiene la oportunidad de corregir el rumbo y reparar el enorme daño causado, con el fin reconstruir confianzas y proyectar un futuro de paz y desarrollo. Esto implica, entre otras cosas, reformar la Ley Indígena, garantizar soluciones que respeten la propiedad privada, impulsen el desarrollo y promuevan la convivencia pacífica.

Reparar no es dividir. Avanzar no es retroceder al pasado.