El nuevo cuerpo legal, ya promulgado, prohíbe prácticas molestas como las llamadas spam, pero va mucho más allá: “Regula de forma más estricta el cómo se trata, preserva y protege, y en qué condiciones limitadas se comparte, la información y datos personales de las personas naturales, como por ejemplo serían direcciones, números de teléfono y otros, con el fin de respetar sus derechos, garantizar sus libertades o impedir usos maliciosos o comerciales abusivos de esta información”, señaló el senador. Una mejora fundamental es que habrá una entidad estatal fiscalizadora para asegurar el cumplimiento de la norma.

El senador Huenchumilla valoró e informó a la comunidad regional la promulgación de la nueva Ley 21.719, de Protección y Tratamiento de Datos Personales –que además crea la Agencia de Protección de Datos Personales–.

El senador destacó que se trata de “un importante avance para frenar el uso indebido y la difusión de datos personales de la ciudadanía para distintos fines. Esta ley es valiosa porque obliga a respetar la intimidad de los datos de las personas, y por extensión, sus tiempos y espacios personales de trabajo, vida familiar o descanso, que no deben ser invadidos”, planteó.

El parlamentario se adentró en una explicación más técnica sobre las implicancias que tendrá esta iniciativa, publicada el pasado viernes 13 de diciembre en el Diario Oficial, pero antes explicó en términos sencillos uno de los principales cambios que percibirá desde ahora la ciudadanía: “un ejemplo práctico es que las llamadas spam estarán prohibidas. Ello será fiscalizado y habrá multas millonarias para las empresas”, explicó.

El detalle: ¿en qué consiste?

El parlamentario detalló que es lo que cambia con la promulgación de esta nueva ley, que amplía las facultades de un anterior cuerpo legal menos efectivo y sin institucionalidad específica para fiscalizar su cumplimiento.

“La iniciativa, que ya es ley, regula de una forma más estricta el cómo se trata, preserva y protege, y en qué condiciones limitadas se comparte, la información y datos personales de las personas naturales, como por ejemplo serían direcciones, números de teléfono y otros, con el fin de respetar sus derechos, garantizar sus libertades o impedir usos maliciosos o comerciales abusivos de esta información”, indicó el legislador.         

El senador explicó que la ley determina criterios para un nuevo tratamiento de la información personal “bajo principios de licitud, esto es, definiendo cuándo y para qué es legal utilizar la información de las personas y cuándo no; finalidad, es decir, que se comparta o utilice sólo para objetivos definidos y permitidos; o proporcionalidad, para que se comparta sólo la información necesaria respecto de un cometido”.

El legislador también enumeró los criterios de “calidad; responsabilidad en su manejo; seguridad en su manipulación; transparencia sobre la información que se está utilizando, y muy importante, confidencialidad”.

Otro punto relevante es que la ley asegura que existan derechos asociados a la titularidad de los datos, que protegerán a su propietario respecto de usos incorrectos e incluso maliciosos, y en cualquier caso, el propietario de los datos deberá dar su consentimiento para el uso.

“Entre estos derechos están que las personas tendrán posibilidad de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales, que cada persona podrá exigirlos y hacerlos cumplir si lo desea”, abundó.

Finalmente, el senador explicó que “se establecen además sanciones duras, sobre todo en montos de dinero, para las entidades o empresas que no cumplan con las nuevas restricciones y prohibiciones. Este fue un punto sensible con las empresas de telecomunicaciones, quienes manifestaron su disconformidad por el alto monto de las multas; sin embargo, es una buen mecanismo para asegurarnos de que esta nueva normativa se cumpla”.

Una institucionalidad acorde

Por último, el senador Francisco Huenchumilla valoró “la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, que dota al Estado de una institucionalidad que permita la fiscalización y el cumplimiento de todos los preceptos que eta nueva ley funda”.

“Esto es muy importante para que la ley no quede sólo en el papel, porque cabe recordar que la legislación dirigida a esta temática no es nueva; de hecho, el proyecto que se aprobó es una ampliación del antiguo cuerpo legal, cuyo cumplimiento era difícil de asegurar dada la nula capacidad de fiscalización”, planteó el parlamentario.

Finalmente, el senador por La Araucanía destacó que “esta era una ley muy esperada por muchas personas, que sufrían día a día, por ejemplo, el abuso de las llamadas spam. Personas que reportaban hasta 100 llamadas telefónicas en un día, incluso provenientes de comercios, empresas o instituciones con las que nunca habían tenido un servicio previo, por lo que cabía la legítima pregunta respecto de dónde las empresas obtenían los datos”, dijo.

“Estaremos atentos en los próximos meses, a cómo avanza la aplicación de la ley y si realmente el efecto positivo sobre el día a día de las personas comienza a notarse”, puntualizó.