El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) de Chile, Jorge Jaraquemada, intervino en un encuentro internacional en el que se compartieron experiencias sobre los principales criterios resolutivos en materia de transparencia y acceso a la información de nuestro país, establecidas a partir de resoluciones emblemáticas en el ejercicio de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en estas materias como en el ámbito de la protección de datos personales.

A partir de una invitación realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de dicho país (TTAIP) y la Escuela de Derecho de la Universidad Ruiz Montoya, se generó esta instancia que contó además con la presencia de representantes del órgano garante en estos ámbitos de México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que junto con Chile, son los más antiguos de la región.

En su exposición, Jaraquemada revisó algunos de los criterios clave de resoluciones relevantes asociadas por ejemplo a materias relacionadas con la defensa nacional –como fue el caso de la entrega de las Actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), y el acceso a información respecto de la Ley Reservada del Cobre. Asimismo, subrayó la postura aperturista respecto de las solicitudes de acceso a las hojas de vida de funcionarios de las Fuerzas Armadas. 

La política de transparencia, planteó el titular del CPLT, es parte de la modernización del Estado y apuntó a aspectos de la transparencia como derecho fundamental, lo que impacta en la modernización y mejora de la gestión pública, fortalece la participación, posibilita el control social, y finalmente redunda en un fortalecimiento de la democracia, entre otras cuestiones, dado que robustece la confianza en las instituciones en un contexto en que en la región el semáforo de la confianza institucional está “en rojo”.

En lo relativo a datos personales, el titular del CPLT abordó casos vinculados al resguardo de información personal sensible bajo especial protección, como es el caso de las solicitudes vinculadas a información sobre niños, niñas y adolescentes, y respecto a información de salud, Jaraquemada destacó que el criterio del Consejo para la Transparencia posteriormente quedó explicitado en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Asimismo, refirió a la emisión de pronunciamientos dirigidos a la autoridad sanitaria y a los órganos de la Administración del Estado, tendientes a promover y perfeccionar la transparencia de sus acciones, decisiones y fundamentos de éstas en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

En el panel participaron también Josefina Román Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) de México; la Jefa de Área de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo de Perú, Karina Díaz; y el Presidente del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú (TTAIP), Felipe León.

Criterios destacados por México y Perú

En el caso mexicano, el INAI como órgano garante destacó, entre otros,  el criterio aplicado en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos y las solicitudes de informes asociados, entre ellos, mencionó el caso de la desaparición de más de 40 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Asimismo, relevó las solicitudes de acceso a la información para la entrega de la información en lengua maya, a partir del criterio de esforzarse para que la información llegue a todos en las condiciones solicitadas. 

Karina Díaz de la Defensoría del Pueblo de Perú, mencionó criterios que fortalecen la lucha contra la corrupción en el contexto de la pandemia y resoluciones en que se establece que la ciudadanía tiene derecho a conocer el listado de beneficiarios de bonos por Covid-19 entregados por el Estado. Además, abordó las solicitudes de acceso a los correos electrónicos de funcionarios del Estado y detalló que la posición de esta entidad es que  debería entenderse como información pública.

Finalmente, el Presidente del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú (TTAIP), Felipe León, entre otras materias, detalló la experiencia del Perú y la reciente historia del Tribunal –recientemente instituido-, que resuelve los recursos de apelación por denegación de información y ante la imposición de sanciones en contra de funcionarios públicos o personas jurídicas al vulnerar las normas de transparencia.