En entrevista exclusiva con Tiempo21, el titular de justicia se refirió sobre un posible traslado de la cárcel de Temuco, poniendo la pelota al piso y sostuvo que, “nosotros manifestamos la mejor de las voluntades para ir buscando una solución más de largo plazo a la estructura del sistema penitenciario de la región”.

Sobre la ley de usurpaciones, dijo que el veto del Ejecutivo es porque, “lo que debemos evitar es tener un conjunto de reglas que lleva a cabo la autotutela, en otros términos, que genere incentivo para que las personas repelan por la fuerza y no sea la fuerza pública la que actúe en el modo en que lo debe hacer”.

En relación a la búsqueda de detenidos desaparecidos, “hasta ahora el Estado no había asumido activamente un rol protagónico en la búsqueda (de detenidos desaparecidos) (…) el Estado en el contexto de una política represiva ejecutó esos crímenes, entonces es al Estado al que le corresponde tener un rol activo en la búsqueda de esas personas”.

Por Claudio Núñez Quezada

Asumió el 11 de enero de este año como Ministro de Justicia Luis Cordero Vega. abogado y doctor en Derecho, recibió la llamada del mandatario Gabriel Boric para asumir este desafío, así que tomó un avión desde Alemania a Chile y, comenzó a trabajar.

Y es que una de las misiones es liderar el plan de búsqueda nacional de detenidos desaparecidos y ejecutados de la cual se refirió en extenso, pero esto no es todo porque tras la entrevista, se dio cuenta del hallazgo de osamentas en un contenedor de alimentos, donde el ministro Vega precisó que, “personal de aseo que realiza trabajos en las oficinas del Programa de Derechos Humanos, encontraron un pequeño pote con una osamenta que corresponde a una pieza de mandíbula con algunos dientes. Se comunicó al ministro Carroza (…) Y se han puesto los antecedentes a disposición de los jueces de dedicación exclusiva” y “no solo se ha dispuesto de entregar los antecedentes a los jueces con dedicación exclusiva, sino que además se ha tenido que incluir un sumario administrativo con el propósito de indagar las consideraciones administrativas del funcionamiento de esa dependencia en particular”

Al asumir el Ministerio de Justicia el 11 de enero de este año, el Presidente Boric le encargó liderar el plan de búsqueda nacional de los detenidos desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos no han sido encontrados. ¿Cómo le ha ido en esa misión?

Bueno es una misión que ha tomado su tiempo, especialmente el plan nacional de búsqueda tiene por objetivo principal tratar de indagar sobre las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. Durante los últimos años el país ha reunido información bastante significativa, especialmente a partir de las investigaciones judiciales que se han desarrollado a través de los jueces de dedicación exclusiva a partir del año 2000 hay una abrumadora cantidad de información que están en expedientes judiciales y por la otra no tienen información sobre las trayectorias de cada uno de los detenidos desaparecidos, entonces la forma en que se abordó el plan nacional de búsqueda fue primero en una etapa participativa que se hizo en distintas regiones del país donde hubo participación activa de las agrupaciones y que se contiene en un documento de política que es el plan nacional de búsqueda que suscribió el presidente de la República el 30 de agosto, que es el día nacional del DD, que un plan que tiene un diagnóstico y un propósito y tiene un conjunto de objetivos, metas y acciones para transformar la búsqueda en una política pública permanente. Hasta ahora, la búsqueda en materia de desaparición forzada ha recaído principalmente en los hombros de los familiares a través de sus acciones que sistemáticamente han ejecutado en el tiempo y las han confiado al PJ en distintas instancias. Hasta ahora el Estado no había asumido activamente un rol protagónico en la búsqueda, entonces lo que hace el Estado… lo que subyace a estos crímenes que ejecutaron sus funcionarios, en el contexto de una política represiva, ejecutó esos crímenes entonces es al Estado es al que le corresponde tener un rol activo en la búsqueda de esas personas.

En La Araucanía se registran 321 casos de personas detenidas desaparecidas y ejecutados políticos, según la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. ¿Ha logrado reunirse con estas agrupaciones o conversado con ellas?

Nosotros nos hemos reunido con las agrupaciones a nivel nacional y regional en los procesos participativos. Todos los procesos participativos que se realizaron en regiones consideraron a los familiares agrupados y a los familiares no agrupados. Nosotros tuvimos una reunión de cierre con los representantes de esas agrupaciones en La Serena a finales del mes de julio, les mostramos el contenido del plan, ahí también estaban las agrupaciones de todas las regiones incluida La Araucanía, y cuando ya empezamos a mostrar el contenido del plan, el Ministerio de Justicia, cada seremi, cada seremía se fue reuniendo con cada agrupación para ir contando como iban los avances previo a la suscripción, y luego los representantes de cada agrupación estuvieron invitados al lanzamiento del plan de búsqueda del 30 de agosto.

En esta materia, ¿cómo usted califica el trabajo del ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre?

El ministro Álvaro Mesa es uno de los ministros destacados en general, lo que nosotros tenemos en los jueces de dedicación exclusiva buena parte de lo que podemos avanzar en materia de plan nacional de búsqueda es por el trabajo y el desarrollo que han ejecutado los jueces de dedicación exclusiva en materia de DD.HH no sólo por las investigaciones, no sólo por las condenas que han llevado a cabo, sino que también por las estrategias investigativas que han permitido reunir una cantidad importantísima de información para esos fines, y el ministro Álvaro Mesa es uno de los ministros destacados en esas investigaciones, en esas estrategias de investigación, y en esa manera de poder ir recopilando antecedentes que hoy día están en expedientes judiciales y que van a ser útiles para el plan nacional de búsqueda.

Usted en mayo participó en la Fundación Chile21, en un conversatorio llamado “Las cárceles y el problema de violencia en Chile ¿Hay que repensar el modelo carcelario?” En esa actividad, ¿Se reflejó la realidad carcelaria de nuestro país?

Nosotros hemos venido hablando de la situación del sistema penitenciario de un modo bien persistente, esencialmente por lo siguiente, el número de personas privadas de libertad en el país ha aumentado de un modo bien relevante en los últimos 16-17 meses. Algunos sostienen son efectos de la normalización de la pandemia, lo cierto es que el país administra un número de plazas totales de 42 mil plazas para personas privadas de libertad, esa es la capacidad que tiene el sistema penitenciario que durante largos años en el país que se mantuvo en ese número. Chile tuvo un peak de personas privadas de libertad que llegó a 54 mil, ese es el año donde tuvimos la tragedia de la cárcel de San Miguel, durante la década del 2000 es donde el país diseñó su plan de infraestructura en materia penitenciaria que sigue ejecutando hasta el día de hoy. El problema sin embargo que el aumento significativo en pocos meses de las personas privadas de libertad ha dejado a la capacidad del sistema penitenciario sobrepasada, tanto es así que el número de personas privadas de libertad es de 51 mil personas. Éste era un número que hasta hace algunos meses atrás tenía Gendarmería proyectado para el próximo año. Sin embargo, ese número ha aumentado en un modo muy relevante en muy corto plazo y lo ha hecho de la mano del aumento de la prisión preventiva en particular. Entonces el sistema penitenciario chileno en muy pocos meses ha tenido una demanda muy significativa para una oferta de plazas relativamente acotadas, lo que ha generado una congestión del sistema penitenciario en algunos casos con sobrepoblación y en otros casos con hacinamiento. Entonces qué hemos estado haciendo, creo que es lo relevante, ahí el Ejecutivo con el Congreso ha tomado dos tipos de medidas, uno es reactivar los planes de infraestructura penitenciaria, para que se tenga una orden de magnitud la construcción de cárceles nuevas en el país demora entre 14 y 16 años desde que está disponible el terreno hasta que se pueda entrar en operaciones una cárcel. Construir una cárcel nueva toma muchos años, todos hablamos de cárceles, todos queremos que se construyan cárceles pero nadie quiere una cárcel cerca de su casa, entonces la construcción de cárceles nuevas toman mucho tiempo, en los planes de infraestructura demuestra eso, vamos a inaugurar cárceles nuevas en esta administración, una es la ampliación de El Manzano en Concepción, pero ese proyecto viene de administraciones anteriores, es lo que vamos a hacer con la cárcel nueva que ya se entregó la cárcel, y se está habilitando la operación en Talca, en La Laguna que va a tener una capacidad para 2.400 personas privadas de libertad pero son proyectos que tienen 10 años, 12 años… entonces lo que el Ejecutivo ha hecho esencialmente a partir con el acuerdo del Congreso es enviar un proyecto de ley que permita tener reglas excepcionales para la ampliación, la reparación de centros penitenciarios que existen pero que no se pueden ampliar fundamentalmente porque están congelados por planos reguladores y así en algún sentido poder tener un aumento de la capacidad penitenciaria de más corto plazo permitiendo también las inversiones de largo plazo en materia de plazas penitenciarias.

Sobre esto mismo, en Temuco, el alcalde Roberto Neira buscaría que el centro penal de la capital regional pudiera ser trasladado fuera de la ciudad señalando que “tenemos que pensar en una cárcel fuera de la ciudad y fuera del centro porque la rodea actualmente cuatro liceos municipales”, y con un detalle no menor, podría recluir sólo a condenados pertenecientes a pueblos originarios. ¿Le parece una buena medida para ir descongestionando recintos carcelarios fuera de las urbes?

Yo me reuní con el alcalde, y el alcalde en su oportunidad me manifestó el proyecto, además, lo que sucede con la cárcel en ese lugar y cuáles son un poco las alternativas de poder tratar de ubicar y localizar terreno para poder tener un nuevo centro penitenciario fuera de la ciudad. Pero hay una particularidad, la situación no sólo afecta a Temuco, si uno mira los penales chilenos tienen, salvo los que vienen del plan de infraestructura del 2000, la característica central de nuestros penales, como el caso de Temuco, formaban parte de la geografía de los centros cívicos de la ciudad, es decir las cárceles se construían dentro de la ciudad. Una segunda ola de construcción de cárceles fue en las afueras de la ciudad, pero a medida que las ciudades fueron creciendo las cárceles quedaron incorporadas dentro de la ciudad. Y la experiencia que nosotros estamos teniendo ahora en la construcción de centros penitenciarios nuevos, la estamos construyendo fuera de la ciudad, pero igual la construcción de un centro penitenciario va generando también efectos de población en su alrededor. La situación que ha planteado el alcalde de Temuco es una situación que corresponde a la estructura de los penales antiguos y tal como le transmití en su oportunidad es necesario abordar un nuevo diseño de penales para lo cual es necesario ir tratando de ver localizaciones. ¿Cuál es el desafío principal que tenemos hoy día para la construcción de nuevos penales Todos queremos cárceles, pero nadie las quiere cerca. Y por eso conversamos con el alcalde en su oportunidad, me mostró la propuesta del desarrollo urbano que tiene en esa zona si se puede trasladar la cárcel y nosotros manifestamos la mejor de las voluntades para ir buscando una solución más de largo plazo a la estructura del sistema penitenciario de la región. Es dónde lo podemos hacer, es decir, el suelo disponible y en qué lugar.

¿Cuánto cree que más de largo plazo? ¿Los años que usted había mencionado anteriormente?

Lo que pasa es que aquí hay dos cosas que son distintas. El gran uno, el gran desafío que tiene, los años que di de referencia sus años que van desde que se seleccionó el lugar hasta que se entrega en operaciones, entonces hay todo un trabajo previo que hay que hacer sobre la localización. Lo que hemos estado trabajando con el Congreso, con las reglas especiales para la construcción y reparación de centros penitenciarios tratar de acortar esos plazos, pero lo clave es ir identificando territorios, lugares donde se puedan instalar centros penitenciarios y que tengan menor impacto posible en la ciudad.

La Ley de Usurpaciones ha sido tema durante estos últimos días, y la crítica de la oposición es el veto del Gobierno en relación a la autotutela o legítima defensa privilegiada que buscarían eliminarla, la senadora Carmen Gloria Aravena dijo que, “el Ejecutivo una vez más prefirió dar en el gusto al Partido Comunista” ¿Qué le parecen esas afirmaciones?

La verdad sea dicha y con todo el respeto que le tengo a la senadora, creo que hay que hacer la distinción entre lo técnico y lo político, creo que tenemos acuerdo que la regulación vigente, la que tenemos hoy día en materia de usurpaciones, no sólo es insuficiente sino que además no sirve para el fenómeno que actualmente nosotros enfrentamos, es una regulación que es muy antigua desde el punto de vista penal, que tiene penas muy bajas y que confía más bien en la recuperación civil del predio y eso es lo que sabemos que no funciona. Creo que en materia de usurpaciones debiéramos tener más énfasis en las cosas que estamos de acuerdo; estamos de acuerdo en que la usurpación tiene que tener aumento de pena, (…) lo que debemos evitar es tener un conjunto de reglas que lleva a cabo la autotutela, en otros términos, que genere incentivo para que las personas repelan por la fuerza y no sea la fuerza pública la que actúe en el modo en que lo debe hacer. El Ejecutivo lo que ha hecho no es abordar el tema de las usurpaciones diciendo “mire esto beneficia a los usurpadores”, por el contrario el Gobierno ha sido explícito que debemos no sólo abordar sino que ser más severos en materia de las usurpaciones, lo que hace el veto del Ejecutivo es tratar de reducir los riesgos de la autotutela, en esos términos de la defensa y generar condiciones de riesgo que son mayores a las que uno quiere resolver, y creo que lo importante es tratar de focalizarnos en ese ámbito y creo que es el importante, porque cuando uno saca el ruido lo que en verdad nos damos cuenta es que hay más acuerdos que desacuerdos.

El presidente de la ANFP Pablo Milad, tras la conferencia donde se dejó fuera a Chile del Mundial 2030 se refirió al tema de las casas de apuestas deportivas señalando que “… nosotros estamos defendiendo una posición solamente que es con respecto al Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia no tiene las facultades de decir que terminemos un contrato, porque el día de mañana nos puede decir que terminemos cualquier contrato porque ellos quieren, entonces no es una facultad que tiene el Ministerio de Justicia” ¿Qué piensa de esto? ¿Cuál es la posición del Ministerio que tiene sobre las casas de apuestas?

Mire, yo no puedo dar más posición del Ministerio que aquella que se encuentra en el oficio de la Subsecretaría de Justicia que señala que no son actividades que se encuentran reguladas en el derecho chileno, en consecuencia adolecen de objeto ilícito y que por lo tanto los contratos los cuales se encuentran asociados no pueden ser suscritos, lo que le corresponde al Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia es fiscalizar instituciones como la ANFP y le han dado instrucciones en ese sentido, la Corte Suprema también ha emitido un juicio y opinión sobre qué entiende sobre las apuestas, sobre todo las online, una actividad no regulada y por lo tanto ilícita en el caso de Chile, y nada más, si es sobre la regularización para eso hay un proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso. Sobre las facultades del Ministerio de Justicia entiende que tiene facultades para fiscalizar a la ANFP, sino que también darle instrucciones para el cumplimiento de la ley. La ANFP ha decidido recurrir a la justicia con ese fin y en ese contexto es donde se va a debatir las atribuciones del ministerio, pero el ministerio está muy convencido de las atribuciones que tiene y así lo acredita el expediente administrativo que sirvió de base para las instrucciones que recibió la ANFP.