El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras las declaraciones del actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien señaló que el exfuncionario deberá rendir cuentas por el manejo de $49 millones correspondientes a gastos reservados durante su gestión. Esto luego de que se revelara que Cordero, al asumir su cargo, declaró haber encontrado solo $1 millón de los $50 millones disponibles semestralmente para esta partida presupuestaria.

Cordero enfatizó que este tipo de recursos, utilizados generalmente para fines de seguridad, inteligencia y prevención de delitos, requieren un manejo altamente controlado y justificado debido a su naturaleza confidencial. «La ciudadanía tiene derecho a conocer si estos fondos fueron empleados de manera adecuada y en estricto apego a la normativa vigente. Es fundamental asegurar la transparencia en el uso de recursos públicos, incluso en partidas sensibles como esta», subrayó el ministro.

El caso ha generado un amplio debate político, con diversos sectores cuestionando la falta de información sobre el destino de los fondos. Los gastos reservados, si bien están sujetos a procedimientos de confidencialidad por su propósito estratégico, no están exentos de rendición de cuentas internas ante los organismos correspondientes. Por ello, la presión sobre Monsalve ha escalado, especialmente considerando los recientes casos que han puesto bajo escrutinio el uso de recursos públicos en varias entidades del Estado.

En este contexto, Cordero instó a las instituciones encargadas de fiscalizar estos dineros a cumplir su rol con rigurosidad, pero aclaró que Monsalve tendrá que justificar los fondos del segundo semestre de este año, a pesar de su actual situación judicial. «La transparencia no es opcional, es una obligación para quienes manejan fondos públicos, sobre todo en un cargo de tan alta relevancia como el de subsecretario del Interior», afirmó.

La controversia continúa creciendo, con llamados desde distintos sectores políticos a que se realice una auditoría exhaustiva. Este caso podría marcar un precedente en la manera en que se fiscalizan y rinden cuentas sobre el manejo de gastos reservados en el país, un tema que históricamente ha sido objeto de críticas por su opacidad.