El senador de La Araucanía y presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana, junto al presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe, se reunieron con los académicos y constitucionalistas Gastón Gómez, Francisco Zúñiga, Francisco Soto, José Francisco García y Patricio Zapata, con el fin de analizar modificaciones al Tribunal Constitucional.

Tras la reunión, el senador Jaime Quintana explicó que “hemos recibido una interesante propuesta del grupo de abogados constitucionalistas. Es un trabajo transversal, en que estos prestigiosos académicos le ofrecen al debate público un insumo que hay que analizar con la mayor detención. Hoy tenemos una situación en que el propio gobierno ha señalado la necesidad de modernizar las instituciones”.

En la misma línea, el presidente del Senado dijo que “como mesa del Senado, cuando asumimos, expresamos la necesidad de fortalecer la democracia. Cuando hay órganos que en sus distintas resoluciones y decisiones pasan a llevar las decisiones de otros poderes del Estado, y más aún, los intereses ciudadanos, eso se traduce también en una afectación de la credibilidad y la confianza en las instituciones. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo, entre todos y de manera transversal de este tema que es de la máxima relevancia”.

Por su parte, el abogado Gastón Gómez, explicó que han trabajado varios meses en el documento entregado, expresando que “esperamos poder tener estas mismas reuniones con las distintas autoridades del país, para entregarles esta propuesta global que incluye el perfeccionamiento a la justicia Constitucional del país”.

Cabe señalar que, se proponen cuatro o cinco grandes reformas: la primera de ellas está vinculada a la integración del tribunal, inhabilidades y a los procedimientos de designación y transparencia que debe acompañar ese proceso. En segundo lugar, se refiere el tema del control preventivo. Como tercer punto se propone fortalecer la inaplicabilidad de la inconstitucionalidad; y por último, se recoge la preocupación sobre el efecto e impacto que tienen las decisiones del Tribunal Constitucional en el sistema jurídico chileno.