La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó este jueves una polémica ley que establece severas penas contra quienes promuevan o apoyen sanciones extranjeras dirigidas al gobierno de Nicolás Maduro. Conocida como la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, la norma contempla penas de 25 a 30 años de prisión, multas de hasta un millón de euros, y la inhabilitación política por 60 años para los señalados por estos «delitos».

Este marco legal también se extiende a quienes participen en acciones consideradas como «ataques armados, cibernéticos o de fuerza» contra el Estado, limitando su capacidad para participar en procesos electorales o asumir cargos públicos. Los medios de comunicación que difundan mensajes en apoyo a sanciones internacionales también serán objeto de sanciones económicas y posibles restricciones operativas, incluyendo el cierre.

El chavismo justifica esta medida como una respuesta a las más de 900 sanciones internacionales recibidas en la última década, principalmente de Estados Unidos, las cuales considera «crímenes de lesa humanidad». Sin embargo, críticos y organizaciones internacionales advierten que la ley busca consolidar el control político de Maduro, cercenando aún más los espacios democráticos y criminalizando la disidencia bajo la narrativa de defensa de la soberanía.

Con esta ley, se crea además un registro de personas bajo «presunción fundada» de cometer estos actos, lo que podría derivar en el congelamiento de activos, prohibición de transacciones económicas e incluso la expulsión de extranjeros, quienes podrían ser despojados de sus bienes en territorio venezolano.

El instrumento legal refuerza el cerco contra sectores opositores en un contexto de cuestionamiento internacional hacia las elecciones presidenciales de julio, cuyos resultados no han sido reconocidos por numerosos gobiernos. Para muchos, esta legislación no solo intensifica la represión, sino que también define una estrategia de blindaje para el oficialismo frente a las crecientes presiones internas y externas.