La jueza presidenta del Juzgado de Familia de Temuco, magistrada Tania Zurita Riquelme, y el vicerrector regional de la Universidad Mayor, Gonzalo Verdugo Navarrete, suscribieron un protocolo de cooperación con la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho, para la representación jurídica de adultos mayores vulnerables.

“Hace varios años, el tribunal detectó que muchos adultos mayores presentan la imposibilidad de asistir a las audiencias y que no teníamos la posibilidad de que el tribunal acceda a ellos, en domicilios u hospitales, de manera tal que realizamos una serie de gestiones con la Clínica Jurídica de la Universidad Mayor y ellos tuvieron la valentía de llevar a cabo este  protocolo, que nos permitirá que los abogados en formación acudan hasta sus domicilios para hacer efectivos sus derechos y considerar sus requerimientos, de manera de hacer accesible la justicia”, aportó Tania Zurita.

“Para nosotros es un honor que el Poder Judicial y el Juzgado de Familia de Temuco hayan confiado en nuestra clínica jurídica, que es una unidad con vasta trayectoria en nuestra sede regional y sabemos que cumplirá a cabalidad este compromiso, que potencia el rol social de nuestra  institución en su vinculación con el medio, para el bienestar de los adultos mayores” expresó el vicerrector regional, Gonzalo Verdugo.

La directora de la Clínica Jurídica local, abogada Claudia Matus, valoró positivamente el protocolo: “vamos a propender a la defensa de los derechos de los adultos mayores, lo que implica para nuestros alumnos asumir esa defensa como curadores, pero además implica conocer a las personas que representarán, entablar un vínculo de confianza muchos de ellos están postrados o impedidos de venir presencialmente e a los tribunales, por  lo tanto nuestros alumnos serán los intermediarios entre los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y el tribunal, aportando  a resolver este problema social en específico”.

El convenio entró en vigencia el 27 de noviembre, por un periodo de dos años, a renovarse a interés de las partes, periodo en que el protocolo será monitoreado, revisado y ajustado, de acuerdo a los requerimientos que vayan arrojando las evaluaciones, “siempre orientando esfuerzos a brindar un servicio de excelencia para los usuarios”, subrayó la jueza presidenta.