Ante el retorno de Ponce Lerou a SQM y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una legislación con una responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.

Esta mañana el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago sostuvo que un año de prescripción era poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza en alusión a posibles delitos relacionados a la empresa brasilera OAS en el marco del financiamiento de campañas políticas que investiga la Fiscal Ximena Chong.

“Un año de prescripción es poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza, delitos o no, efectivamente los procesos de este tipo son más lentos que ese período. Se entiende la idea de sanear la elección a poco tiempo de realizada, pero un año parece muy poco y es una materia digna de revisarse”

Consultado si Chile estaba en deuda en relación a empresas brasileras como OAS considerando que en otros países han derrocado presidentes o los ha llevado a la cárcel por escándalos de corrupción, Drago afirmó a radio Cooperativa que a diferencia de Latinoamérica, Chile fue el único país donde la crisis por escándalos de corrupción no logró penetrar y que esa experiencia podría ser un ejemplo para nuestros vecinos.

“Me lo ha señalado no sólo personas involucradas desde Brasil en esta investigación sino también estudiosos de la OEA y distintos espacios: Chile fue el único país donde no se logró penetrar sustantivamente a diferencia de otros lugares de Latinoamérica, es casi digno de estudio, hay que ver qué se hizo bien acá y qué se pudo haber hecho en el resto de Latinoamérica para evitar esta situación, yo no creo que tengamos una situación extendida como la que se vivió en el propio Brasil y en los países vecinos dónde hubo compromisos importantes  con empresas que tenían estos mecanismos de corrupción”,espetó.

El Presidente del CPLT recordó que antes de la reforma de probidad y Transparencia del Gobierno anterior los financiamientos de campañas electorales eran principalmente privados y que hoy tras legislar existe el financiamiento público y una regulación más estricta para evitar gastos excesivos y fuera de control, entre otras medidas.

“Antes el financiamiento venía de empresas, de particulares, ese era ‘el’ financiamiento electoral, eso se prestó para financiamientos normales pero también para financiamientos que bordeaban lo irregular porque evadían esquemas tributarios, por ejemplo”, subrayó.

Sobre el regreso a Ponce Lerou a SQM

Asimismo ante el retorno de Julio Ponce Lerou a Soquimich y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una legislación con responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.

Según el titular de Transparencia en el caso de una empresa que estuvo involucrada en esquemas de corrupción, “lo que corresponde es una sanción directa de la empresa, esa es la responsabilidad penal de personas jurídicas” que a su juicio en Chile tiene requisitos muy difíciles de cumplir en la práctica por lo que se hace relevante su modificación.

“Cuando una empresa financia actos de corrupción para beneficiarse, esa empresa es responsable, no sólo sus ejecutivos,  no sólo 1 o 2 personas que pudieron estar involucrados en los pagos directos para tratar de ganar una concesión, de mantenerla, de tener una posición privilegiada, es la empresa completa la que buscó beneficiarse y es la empresa como tal la que tiene que asumir su responsabilidad”, dijo.

Finalmente, Marcelo Drago hizo un llamado a las autoridades para tener una legislación que cuente con responsabilidades penales más sustantivas para actos de corrupción, además de listas negras de empresas de financiaron y facilitaron actos de corrupción “para que no se puedan contratar con el Estado”.