El ambiente en la Dirección del Trabajo (DT) se encuentra marcado por una creciente controversia luego de la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Trabajadores María Ester Feres (Antramef) contra su director, Pablo Zenteno, en el marco de los despidos masivos que han generado fuertes disputas dentro de la institución. Según la denuncia, el director habría protagonizado una agresión verbal durante una reunión, lo que desató una ola de reacciones tanto al interior de la DT como en el ámbito político.

Antramef, que calificó estos despidos como una maniobra política en beneficio de allegados al Partido Comunista, denunció una serie de atropellos a los derechos laborales que, según sus miembros, violan los principios de justicia y equidad que la Dirección debería defender. La denuncia, que apunta a un trato inapropiado por parte de Zenteno, está centrada en un incidente durante una reunión sobre los despidos, donde la presidenta de la asociación, Jocelyn Moreno, afirma que el director gritó y abandonó la sala tras acusarla de difundir «fake news» y tildarlo de «dictador».

Sin embargo, otras dos asociaciones, la Asociación de Funcionarios del Trabajo de Chile (Anfutch) y la Asociación de Funcionarios Profesionales (APU), han expresado desacuerdo con la versión de los hechos presentada por Antramef. Ambas organizaciones aseguraron que la denuncia está basada en una interpretación errónea de los sucesos, acusando a la presidenta de Antramef de interrumpir de manera agresiva al director, quien, según su relato, intentaba explicar que los despidos eran decisiones de Estado, no acciones arbitrarias.

La situación se complica aún más cuando desde la Anfutch califican las acusaciones de Antramef como «injuriosas y falsas», rechazando la etiqueta de «dictador» que se le ha atribuido a Zenteno. En este sentido, la controversia se ha politizado, con críticas a la reciente “cacería” en contra de algunos dirigentes y un rechazo generalizado a la estrategia de confrontación adoptada por la Antramef.

La disputa pone en evidencia las tensiones internas dentro de la Dirección del Trabajo, en un momento clave para el servicio público, donde la gestión de los despidos y la falta de consenso sobre las políticas laborales podrían desencadenar nuevos conflictos, con fuertes repercusiones en la administración pública y en la relación entre sindicatos y el gobierno.