“Si bien el Ejecutivo comenzó proponiendo presupuestos irrisorios en áreas clave del desarrollo nacional como ciencia, educación y cultura, más aún en un contexto de pandemia y crisis social, la primera respuesta de la centro izquierda en el Senado no fue la más adecuada”.

Escribe: Jaime Quintana, Senador.

Hace pocos días terminó el debate de la ley de presupuesto en el Congreso Nacional, una tramitación que se extiende por dos meses en los cuales se analizan – entre subcomisiones, comisiones mixtas y sala de ambas cámaras – todas las partidas que conforman el engranaje financiero del Estado.

Si bien las atribuciones del parlamento, como en toda la función legislativa, son escasas y se reducen a disminuir fondos cuando no se llega a acuerdo, al ser esta la ley más importante del año los esfuerzos de todos los gobiernos se concentran en esas semanas y quienes están en la oposición tienen la oportunidad de hacer presión o mostrar algún horizonte estratégico.

Pero esta vez vimos poco de eso. Quizás lo más llamativo fue la discusión entre el senador Carlos Montes y el Director de Presupuestos Matías Acevedo, quien acusó al legislador de “abrir un tono belicoso”, un curioso epíteto considerando que este gobierno ha transformado el lenguaje de guerra en una forma de hacer política. De todas maneras, la oposición estuvo lejos de ayudar a que la tramitación no se convirtiera a ratos en un verdadero circo romano.

Si bien el Ejecutivo comenzó proponiendo presupuestos irrisorios en áreas clave del desarrollo nacional como ciencia, educación y cultura, más aún en un contexto de pandemia y crisis social, la primera respuesta de la centro izquierda en el Senado no fue la más adecuada.

En vez de generar un planteamiento unitario y con visión integral, algunos senadores optaron por empujar una rebaja al ya rebajado presupuesto para bienes y servicios de las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de que si no hay plata para ciencias tampoco la habrá para defensa. Pienso que si queremos ser alternativa de gobierno debemos hacer un esfuerzo genuino por mejorar los argumentos y las estrategias; por suerte la indicación, que de haberse aprobado habría impedido comprar combustible para el despliegue durante la pandemia o hacer funcionar los buques en las áreas marinas protegidas y los helicópteros en los operativos anti drogas, fue rechazada por 22 votos contra 13.

Es cierto que en los descuentos del debate, ya en comisión mixta, se lograron objetivos como el aumento del per cápita de salud primaria, la reversión de parte de la caída de los aportes basales al CRUCH y la reposición de recursos en los ministerios de Ciencia y de Cultura, pero hay muchos otros aspectos que no fueron abordados y en los cuáles como oposición podríamos haber hecho mucho más si nos hubiéramos coordinado con sentido político y no meramente desplegando agendas individuales.

Un ejemplo de ello es la realidad de los centros de formación técnica estatales, creados por el gobierno de la ex presidenta Bachelet y que en algunos casos se encuentran al borde del desfinanciamiento; otro es el angustiante panorama que viven muchos municipios tras la pandemia, de hecho, según una encuesta de la ACHM, un 81% de los gobiernos locales ha aumentado sus deudas en los últimos meses.

Un año atrás, en la tramitación del presupuesto 2020 y probablemente arrinconados por las consecuencias y sensaciones de un Estallido social que aún estaba muy encima, un debutante – y entonces dialogante – ministro Briones junto a una oposición con apertura a lograr avances y a un diligente trabajo de la comisión de hacienda del Senado, logramos transformar el presupuesto que menos crecía en 17 años en el más expansivo de los últimos 10 años, incluyendo un aumento de hasta 50% en las pensiones básicas solidarias según tramo de edad y la rebaja a la mitad del transporte público para adultos mayores en todo el país.

Luego, en enero de este año, suscribimos junto a la Cámara de Diputados y el ministerio de Hacienda un protocolo para garantizar mayor transparencia en la ejecución del gasto público, acordando la puesta en marcha de una oficina especializada de seguimiento de las políticas públicas y su financiamiento, alojada en el Congreso Nacional y con una labor complementaria a la Dirección de Presupuestos, algo que se hace cada vez más necesario especialmente cuando se están aprobando millonarios fondos de uso discrecional para la reactivación económica.

Si bien en esta ocasión no tuvimos un Estallido en nuestras narices, nadie puede pensar que sus causas dejaron de existir o que no estamos viviendo un momento único en nuestra historia, con los efectos de una pandemia de alcance mundial y a las puertas de comenzar la redacción de una nueva Constitución.

Todo ello debería haber generado un cuadro propicio para un nuevo marco de entendimiento con avances concretos para las familias chilenas en el presupuesto.

Sin embargo, el cambio de actitud de Hacienda, que en pocos meses pasó del diálogo a la soberbia típica de una administración que incluso una vez aprobado el presupuesto sacó su comodín del Tribunal Constitucional para impugnar algunas glosas que no son de su agrado, sumado a la falta de coordinación y sentido estratégico de una centroizquierda que aún no logra dar con el tono adecuado, hicieron que volviéramos al circo romano que algunos pensábamos había quedado atrás.

Un llamado de atención para un Chile que en los próximos años requerirá una actitud de máxima colaboración y diligencia por parte de todos los actores políticos, independiente de quienes ocupen las bancas oficialistas u opositoras.