El pasado 12 de julio un histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, amplió la jurisdicción de las tribus de Oklahoma a casi la mitad del territorio del Estado basado en tratados firmados en 1832 y 1833. En ellos “había una promesa que el país mantiene” sentenció el fallo. Avalar los engaños que se usaron desde entonces para pasar por encima de las tribus “sería aceptar la ley del más fuerte, no el estado de derecho”, subrayaron los jueces.

Escribe: Pedro Cayuqueo, periodista y escritor.

El año 2008, estando en Filadelfia por temas académicos, pude ser testigo de la primera campaña de Barack Obama a la Casa Blanca. Fueron meses de gran efervescencia política y los académicos de la Universidad de Penn –demócratas en su mayoría según pude observar– abiertamente manifestaban su preferencia. Todos, de una u otra forma, destacaban el cambio cultural que vivía la sociedad estadounidense.

Una noche, cenando en casa de uno de ellos, pregunté si acaso el verdadero cambio cultural que Estados Unidos requería no tenía que ver más bien con dejar atrás el histórico y vergonzoso maltrato a las tribus. “Son los originales habitantes de este territorio y para ellos no hubo esclavitud, hubo un exterminio del cual bastante poco se habla”, argumenté de manera vehemente.

Mi intervención, primera sorpresa, no cayó mal a nadie.

Todo lo contrario, dio paso a un interesante debate sobre la situación actual de los nativoamericanos. Tambien una invitación, por parte de mi gentil anfitrión, a conocer la tribu de los Lenape –los originales habitantes del río Delaware– y las propuestas de Obama en matería indígena. “Da una mirada al documento, puede ser interesante para el caso mapuche”, me dijo.

Aquella fue la segunda sorpresa. En Estados Unidos las tribus gozaban no solo de reconocimiento por parte de Washington. También de un avanzado autogobierno que las hacía ser consideradas “naciones semi-soberanas” por las autoridades estatales y federales.

“Tenemos una condición jurídica semejante a la doble nacionalidad. Cada tribu es autónoma y decide sus propios asuntos en todo lo que no atañe a defensa exterior, es decir, en lo social, político, económico y cultural” me contó días más tarde Susan Shown Harjo, miembro de la nación Cheyenne y una de las voces indígenas más reconocidas del periodismo norteamericano.

“Eso incluye la aplicación de nuestra propia justicia”, subrayó.

De ello trataba justamente la propuesta indígena de Obama: de ampliar la jurisdicción de la justicia indígena –hasta entonces restringida a los miembros de las tribus– sobre gente blanca al interior de las reservaciones.

En Estados Unidos las tribus gozaban no solo de reconocimiento por parte de Washington. También de un avanzado autogobierno que las hacía ser consideradas “naciones semi-soberanas” por las autoridades estatales y federales.

Desde entonces mucha agua ha pasado bajo el puente.

El pasado 12 de julio un histórico fallo de la Corte Suprema amplió la jurisdicción de las tribus de Oklahoma a casi la mitad del territorio del Estado basado en tratados firmados en 1832 y 1833. En ellos “había una promesa que el país mantiene” sentenció el fallo. Avalar los engaños que se usaron desde entonces para pasar por encima de las tribus “sería aceptar la ley del más fuerte, no el estado de derecho”, subrayaron los jueces.

La diferencia con Chile me vuela siempre la cabeza.

Autogobierno, reconocimiento de tratados, justicia propia, un largo etcétera de avances que solo plantearlos en Chile implica ser tildado de terrorista étnico. Lo estamos viendo con la prolongada huelga de hambre del machi Celestino Córdoba y otros presos mapuche en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, hasta hoy sin respuesta de la autoridad.

No demandan ellos grandes cosas. La mayoría solicita cambios en sus medidas cautelares y, los menos, cumplir condena fuera de recintos carcelarios, en centros de estudio y trabajo de Gendarmería o bien al interior de sus comunidades. Todo avalado por el Convenio 169 de la OIT, ley vigente en Chile de rango constitucional, y una crisis sanitaria única en cien años.

Reconocer el derecho de los presos mapuche –lo sean por causas políticas o delitos comunes– a módulos especiales, desarrollar prácticas culturales y acceder a beneficios intrapenitenciarios es todo un desafío para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coherente además con sus fines de rehabilitación y reinserción social. También lo es para quienes suelen confundir los “derechos indígenas” con privilegios que atentarían contra la igualdad ante la ley. Nada más burdo y equivocado.

Parafraseando a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, avalar los engaños y atropellos que desde fines del siglo XIX cometió el Estado chileno con el pueblo mapuche y sus jefaturas tradicionales –origen de muchas de las controversias y conflictos actuales– sería simplemente aceptar la ley del más fuerte, no el estado de derecho.

Lamentablemente la Araucanía está muy lejos del Estado de Oklahoma. Y la distancia, como se habrán dado cuenta, no tan solo es geográfica.