Por Héctor Ramírez

Arquitecto y director Centro de Estudios del Hábitat

Facultad de Arquitectura y Construcción

Universidad Autónoma de Chile

El Presidente de la República junto al ministro de Vivienda y Urbanismo anunciaron en diciembre el proyecto de ley de Integración Social y Urbana, acción que marcará el sello de la gestión ministerial y consolidará una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno que promueven no solo la construcción de viviendas con integración social, sino que además implicará el cambio de nombre de la institución, pasándose a llamar Ministerio de Ciudad y Vivienda.

Se remplazará así el concepto de urbanismo por el de ciudad. Ahora bien ¿qué alcances tiene esta modificación? En términos generales el urbanismo se asocia a un conjunto de disciplinas que estudian los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. En la práctica dicha definición se asocia a una frondosidad normativa, que más que cuidar el bien común, muchas veces se constituye en una traba para el desarrollo urbano, producto de la interpretación que cada institución hace de ellas.

En cambio, el concepto de ciudad tiene que ver con el espacio urbano que contiene no solo población, viviendas, comercio, industria y servicios, sino que además vida social, conjunto de interacciones con sentido que son constructoras de identidad y de lugares, espacios comunes donde el individuo es su actor principal, en este sentido la ciudad es de los y para los ciudadanos.

Lo anterior implica claros desafíos y expectativas, sobre todo en la forma de abordar la planificación urbana para lograr cambios profundos y desarrollar ciudades más amables y democráticas a través de la participación, el dialogo y el encuentro social.

Se espera que con este cambio de nombre en la cartera, se pueda avanzar hacia la integración social y a la densificación de las zonas de desarrollo urbano. Por ejemplo; en las áreas donde hay fuerte inversión estatal, como líneas troncales de transporte público, estaciones de Metro o parques, puedan ser espacios donde se promueva la densificación equilibrada e integrada socialmente. En otras palabras, concretar proyectos sin pasar a llevar la Ley y la Ordenanza, pero con un fuerte componente ejecutor.

Esperamos que el nuevo Ministerio de la Ciudad y Vivienda logre efectivamente cambiar el paradigma del desarrollo urbano, acabar con la segregación social, la inequidad en el acceso a los servicios, el déficit habitacional y por sobre todo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una clara oportunidad de volver a reencantarnos con la ciudad y valorar el espacio público.