Escribe: Nabor Urzúa Becerra, Ingeniero, Corporación de Estudios Laicos de La Araucanía.

Formalmente en Chile, la Constitución del año 1925 separó claramente la Iglesia del Estado y se estableció la libertad de culto. A mayor abundamiento, la Carta Fundamental que nos rige desde 1980, en el artículo 19, N° 6, señala que “La Constitución asegura a todas las personas: la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o el orden público…”. Así entonces, podemos apreciar, que formalmente vivimos en un Estado Laico.

Si entendemos por Estado Laico aquel que es neutral para con la cuestión religiosa, es decir no reconoce ninguna iglesia o credo como oficial ni tampoco le otorga un trato preferente a alguna de ellas, tolerando la existencia del resto de los credos y que estos no interferirán en asuntos del Estado y viceversa, es decir, en un Estado laico la religiosidad será una opción personal relegada al ámbito privado de cada persona, a los espacios destinados al culto y al espacio público siempre y cuando no interfiera las libertades del resto. Por tanto, un Estado laico respeta la libertad de creencias de cada persona sin discriminar ni privilegiar a nadie.

Sin embargo, al hacer una somera revisión podemos observar que el Estado de Chile aparece vinculado con intereses religiosos en distintos grados y maneras. Así, por ejemplo, es fácil observar la influencia que han ejercido algunos representantes religiosos respecto a políticas de estado originadas en el Gobierno o que se discuten, o han discutido, en el Congreso Nacional tales como  programas de salud pública relacionadas enfermedades de trasmisión sexual, financiamiento a la educación, el matrimonio igualitario, etc.

También, en otro asunto de vital importancia, donde queda patente la influencia de las religiones es en la educación. Es así como no corresponde que, en los establecimientos públicos o subvencionados, financiados con recursos de todos los chilenos, proveniente de los impuestos que pagan creyentes o no creyentes, se dicten asignaturas obligatorias de un credo en específico, excluyentes de otros y, menos apropiado es la instalación de símbolos religiosos en sus aulas. Del mismo modo como no es adecuado, por ejemplo, la existencia de capellanes castrenses en los establecimientos de la Fuerzas Armadas.

Finalmente, es deseable esperar, para un país y una sociedad moderna, como es la nuestra, contar con un Estado Laico que sea garantía para el ejercicio de los derechos humanos y que, finalmente, permita el desarrollo en igualdad de condiciones de las libertades de culto y de creencias, para que el debate público sea libre e informado y donde cada ciudadano pueda acceder a una vida plena, pluralista e igualitaria para poder desarrollar en su potencialidad la libertad de conciencia.