El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha abierto un caso contra el Gobierno de Venezuela para investigar las denuncias de fraude electoral en los comicios presidenciales del 28 de julio. Además, el organismo ha ordenado medidas provisionales, exigiendo al Estado venezolano conservar las actas de escrutinio y otros documentos esenciales para la totalización y adjudicación de resultados.

Acusaciones de fraude y restricción al voto

La denuncia fue presentada por la firma legal IHR Legal, liderada por abogados como Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes acusan al gobierno de Nicolás Maduro de fraude masivo, restricción del voto en el exterior, falta de transparencia y supresión de justicia. Según la denuncia, se habrían vulnerado los derechos políticos de millones de venezolanos, incluyendo 5,5 millones habilitados para votar desde el extranjero.

Derechos humanos en riesgo

Los denunciantes sostienen que el gobierno venezolano ignoró de manera sistemática la voluntad popular expresada en el voto, favoreciendo únicamente a Nicolás Maduro y sus aliados. Además, destacaron la urgencia de evitar “daños irreparables” a los derechos humanos, ya que gran parte del electorado fue privado de participar en el proceso electoral, especialmente aquellos en el extranjero.

Un posible fallo histórico

La apertura del caso por parte del Comité de la ONU representa un avance significativo en la lucha por la democracia en Venezuela. Los abogados confían en que la investigación concluirá con una resolución trascendental que podría deslegitimar el mandato de Nicolás Maduro como presidente reelecto.

El Comité, compuesto por 18 expertos independientes, es el encargado de supervisar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los Estados que lo integran.