El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha introducido una nueva normativa que obliga a todos los comercios a entregar una representación impresa de las boletas electrónicas y/o comprobantes de pago. Esta medida, que entrará en vigor en el corto plazo, tiene como objetivo proporcionar a los consumidores un respaldo tangible de sus compras y combatir la evasión fiscal que aún persiste en el comercio.

Sin embargo, la resolución del SII ha generado una fuerte polémica, pues la implementación de esta medida podría obligar a retirar de circulación más de 600 mil máquinas de pago (POS) en todo Chile, que no cuentan con la capacidad para imprimir comprobantes de pago. Estos equipos, utilizados principalmente en pequeñas y medianas empresas (pymes), se verían obligados a ser reemplazados por dispositivos más costosos que incluyan impresoras de boletas, lo que representa un gasto significativo para muchos comercios.

Según datos proporcionados por la empresa Chócale, más de 600 mil terminales de punto de venta actuales no cumplirían con la nueva normativa, ya que fueron diseñadas para procesar pagos de manera rápida y eficiente, pero sin la capacidad de emitir recibos impresos. La mayoría de estos dispositivos son económicos y usados principalmente por pequeños comercios, restaurantes, y emprendedores, lo que hace que la medida sea aún más impactante para ellos. La sustitución de estas máquinas podría generar una disyuntiva económica, al ser una inversión considerable en tiempos difíciles para las pequeñas empresas.

En este contexto, las reacciones de los expertos no se han hecho esperar. Transbank, una de las principales empresas de procesamiento de pagos electrónicos, ha manifestado su preocupación ante la obligatoriedad de imprimir boletas, argumentando que esta medida podría generar una presión adicional sobre las pymes, al aumentar sus costos operativos y complicar el proceso de integración tecnológica.

Además, expertos en tecnología y comercio han expresado que, si bien la lucha contra la evasión fiscal es crucial, el país debe encontrar soluciones que no perjudiquen a los pequeños empresarios, quienes ya enfrentan retos como la digitalización y la competencia con grandes cadenas. Esto podría generar un retroceso en la inclusión financiera, al forzar a los pequeños comercios a adaptarse rápidamente a una infraestructura que muchos no pueden costear.

El SII, por su parte, sostiene que la medida busca mejorar la transparencia en las transacciones comerciales y asegurarse de que los consumidores tengan un comprobante físico de sus compras, lo que contribuiría a una mayor confianza en el comercio y, por ende, al fortalecimiento de la recaudación fiscal. La medida es parte de un conjunto de reformas impulsadas para modernizar la forma en que los impuestos son recaudados y evitar el fraude fiscal.

A nivel de tecnología, las alternativas para adaptar los equipos POS existentes o reemplazarlos por nuevos dispositivos más costosos podrían generar una sobrecarga para los pequeños comercios, quienes, en su mayoría, ya se enfrentan a retos económicos importantes derivados de la inflación, la pandemia y los cambios en los hábitos de consumo. Además, la cuestión de la disponibilidad de estos dispositivos, junto con la escasez de semiconductores a nivel mundial, podría agravar aún más la situación.

En cuanto a las pymes que ya están adaptadas a la digitalización, se espera que algunas de ellas tengan la capacidad de integrar nuevas máquinas POS, pero muchas otras, especialmente en sectores como la gastronomía y el comercio local, se verán afectadas por los costos de actualización y las exigencias adicionales que conlleva el cumplimiento de esta nueva normativa.

En respuesta, diversas asociaciones de empresarios han solicitado al SII reconsiderar la obligatoriedad de la impresión física o, al menos, extender los plazos para permitir una transición más gradual. Esto garantizaría que las pymes no sufran un golpe económico tan drástico.

El camino hacia la digitalización y la equidad en el mercado

La obligación de imprimir boletas electrónicas marca una nueva fase en la modernización del sistema fiscal chileno, pero también subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre la recaudación fiscal y el apoyo al sector empresarial, especialmente al pequeño comercio. La implementación de esta normativa debe ser acompañada de soluciones tecnológicas accesibles y de un enfoque que tome en cuenta las realidades del mercado local, con el objetivo de proteger la competitividad de las pymes.

Además, expertos sugieren que el gobierno y las empresas de tecnología deben colaborar para fomentar la integración de nuevas soluciones que faciliten a las pymes cumplir con los nuevos requisitos sin enfrentar barreras insuperables. Es fundamental que las soluciones sean inclusivas y no ahoguen aún más a los pequeños emprendedores.

A medida que el debate continúa, queda claro que la medida del SII es solo un paso dentro de un proceso mucho más amplio de transformación digital que debe ir acompañado de políticas públicas claras, que no solo aborden la evasión fiscal, sino que también apoyen a las pequeñas empresas en su proceso de adaptación y crecimiento en un mercado cada vez más digitalizado.

Fuente: biobio.cl