“Es urgente que la nueva Constitución indique que la educación del país en todos sus niveles es responsabilidad del Estado y que, además en ella, quede garantizado como un derecho público, gratuito y de calidad”.

Lo ocurrido en casos de universidades privadas que dieron prioridad al lucro y que apostaron por el desvío de la subvención estatal a empresas inmobiliarias asociadas y donde sus controladores se apoderaron del aporte del Estado ¡No puede volver a ocurrir..!

En el caso del Liceo Camilo Henríquez y donde quienes se comprometieron a entregar a los/as estudiantes la educación más adecuada (…) simplemente renunciaron a su tarea por temas legales que no le interesan a las familias afectadas y menos a sus hijos/as, colocando al centro de la gestión escolar el valor del dinero.

El panorama es tan desolador en el ámbito de la infraestructura escolar, que con este nivel de planificación y de criterios de selección de proyectos anuales de mejoras de las escuelas y liceos públicos, quienes trabajamos en el ámbito educativo municipal tendremos que seguir “haciendo bingos” para reparar y mantener lo que el tiempo desgasta inexorablemente.

Escribe: Dr. Juan Sanhueza Vidal, Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, Magíster en Gerencia Pública.

Para nadie es desconocido que los puntajes Simce revelan cada año una profunda crisis e inequidad entre lo que aprenden los/as hijos de familias que acceden a mejor educación, respecto de aquellos/as que provienen de hogares vulnerables y que asisten al sistema escolar subvencionado. En medio de esta crisis, la actual  pandemia por covid19 ha revelado que la importancia de la educación va mucho más allá de determinados aprendizajes cognitivos que estudiantes  puedan lograr en un año cualquiera, ya que durante la trayectoria escolar los niños/as, adolescentes y jóvenes adquieren prácticas asociadas a procedimientos y valores los que sumados a los contenidos internalizados, les permiten modelar sus vidas, insertarse y desempeñarse en sus respectivos contextos socioculturales.

Que dicha inserción en la vida y en el mundo del trabajo sea más o menos exitosa, depende exclusivamente de la calidad de la educación a la que tengan acceso, es decir, se requiere independiente de la condición económica familiar; que cada estudiante obtenga en la escuela y liceo un alto nivel de capital cultural de tal forma que los/as hijos/as de las familias vulnerables equiparen con este capital cultural la escasez de capital social familiar. Por tanto, hoy es urgente que la nueva Constitución indique que la educación del país en todos sus niveles es responsabilidad del Estado y que, además en ella, quede garantizado como un derecho público, gratuito y de calidad, permitiendo a la vez la participación de actores/colaboradores privados bajo una estricta regulación estatal que evite el lucro y prácticas cuestionables que han mal utilizado las subvenciones estudiantiles.

Malas prácticas

Lo ocurrido en casos de universidades privadas que dieron prioridad al lucro y que apostaron por el desvío de la subvención estatal a empresas inmobiliarias asociadas y donde sus controladores se apoderaron del aporte del Estado ¡No puede volver a ocurrir..! Estas malas prácticas afectaron a miles de familias que creyeron en sus proyectos educativos y que vieron truncados los sueños de sus hijos/as, ya que éstos/as no pudieron terminar sus estudios porque el Ministerio de Educación y la falta de responsabilidad Constitucional y legal del Estado los dejó a la deriva. La educación regional no ha sido la excepción, es así como este año 2021, La Araucanía ha sido testigo de la ineficacia estatal en el caso del Liceo Camilo Henríquez y donde quienes se comprometieron a entregar a los/as estudiantes la educación más adecuada para el desarrollo pleno de sus personalidades y a hacer todo lo que se debe para que esto ocurra; simplemente renunciaron a su tarea por temas legales que no le interesan a las familias afectadas y menos a sus hijos/as, colocando al centro de la gestión escolar el valor del dinero por sobre el interés y la esperanza de quienes creyeron en tales proyectos educativos. Tal fue la poda que el Congreso le hizo a la Ley de inclusión (la que supuestamente pondría fin al lucro, selección y financiamiento compartido), que hoy vemos a estudiantes sin atención educativa y a apoderados/as desesperados/as porque nadie les da una respuesta oficial, solidaria y de justicia porque dicha Ley quedó mal hecha desde su tramitación en el Congreso y porque su redacción desprotegió a los/as estudiantes y a sus familias.

En este orden de hechos, si la Constitución actual fuera responsable de la educación nacional, casos como el del Liceo Camilo Henríquez no habrían sucedido y tampoco tendríamos a representantes de la educación privada condenados por prácticas desleales en tribunales laborales a realizar cursos de capacitación en derechos fundamentales. ¡El derecho a una educación pública, gratuita y de calidad debe estar por sobre cualquier otra ley y el Ministerio de Educación debe tener la facultad para intervenir y enajenar un proyecto educativo en crisis para darle continuidad como facultad estatal, es decir; la educación debe dejar de ser considerada como un bien de consumo!

Educación no es prioridad

Que la educación sea un derecho público, gratuito y de calidad es un imperativo social, y que para que ésta sea de calidad no podemos confiar sólo en las recaudaciones de los bingos que organicen las comunidades escolares -como lo recomendó algunos años atrás el ex ministro de Educación Sr. Varela-, ya que un Estado que permite la participación de los privados en su sistema educativo, debe asegurar que los sectores sociales que acceden a la educación subvencionada, tengan la misma calidad educacional que los hijos/as de aquellas familias que más tienen y que pueden pagar por mejor educación. Bajo esta premisa, no resulta explicable que durante los años 2020/21 muchos/as estudiantes hayan quedado desconectados de clases por no tener computador y conexión a Internet en sus domicilios, hechos ante los cuales el Ministerio de Educación ha guardado silencio cómplice, especialmente cuando en el parlamento se buscó darle conectividad gratis a los/as hijos/as de las familias vulnerables del país y el proyecto se cayó por falta de quórum. Menos explicable aún es que a la fecha del año en curso, estando ya en agosto 2021, los/as alumnos/as de los séptimos básicos del país tanto municipales como particulares subvencionados aún no reciban sus notebooks y set de útiles escolares, porque Junaeb no adoptó las medidas necesarias a tiempo para asegurar su entrega oportuna… ¡Cuando la educación no es prioridad para un gobierno y cuando los niños/as no son primero se nota..!

La responsabilidad del Estado en la educación debe estar siempre presente en todas las áreas del ámbito educativo, desde la academia se debe terminar la desconexión de la Universidad con el sistema escolar, en las Escuelas de Pedagogía se deben formar buenos/as profesores/as y se le debe otorgar a escuelas/liceos una extensión universitaria que les permita nutrirse de la investigación que allí se realiza para innovar. En las áreas técnicas del Mineduc y en sus Secretarías Regionales Ministeriales se debe contar con los/as mejores perfiles para la asesoría y mejora de las distintas unidades educativas, para que éstas anticipen y enseñen bien cuando la educación lo requiera y para que ésta no navegue a la deriva en momentos cuando se necesiten cambios de rumbo.

PIE la más afectada

El Estado debe asegurar el financiamiento y la correcta operación de la educación subvencionada. Desde este imperativo municipal, no resulta comprensible que durante el año 2020/21 una gran cantidad de  establecimientos educacionales del país hayan recibido menos subvención escolar por razones de pandemia,  asistencia escolar y procesos asociados; de hecho la Subvención del Programa de Integración Escolar (PIE) fue la más afectada, debido a que varias escuelas y liceos no pudieron evaluar a alumnos/as nuevos/as o reevaluar a otros/as por lo que recibieron menos subvención, lo que comprometió su eficacia y el pago de remuneraciones de docentes y de profesionales adscritos/as a tales programas, a pesar de que en muchas oportunidades se le pidió al Ministerio de Educación una solución al respecto, no habiendo a la fecha respuesta alguna de sus personeros/as, debido a que el sistema de pago de la subvención escolar está agotado, porque desde sus inicios estuvo errado su diseño. 

El Estado debe proveer al sistema educativo nacional de lo necesario para operar y así buscar la mejora educativa. Sus infraestructuras deben verse como las del mundo privado, pero en ellas es posible advertir una clara despreocupación y abandono estatal, ya que muchas de sus edificaciones no cumplen actualmente con los requisitos del Reconocimiento Oficial (RO) establecido por el mismo Ministerio y otras; se han ido deteriorando año tras año producto de la falta de planificación e inversión en él área, lo que se agudizará en la presente administración de gobierno, ya que a los fondos de conservación de infraestructuras año 2021 no podrán postular aquellos establecimientos públicos que hayan obtenido alguna fuente de financiamiento para su mejora y que sus estados de deterioro no se encuentren entre el 20 y el 50%, según los datos del censo de infraestructura realizado entre los años 2012 y 2013, es decir, que el Ministerio de Educación opera con informes de un censo aplicado hace casi una década, datos que no consideran cambios en las demografías comunales y en las demandas actuales de matrícula. El panorama es tan desolador en el ámbito de la infraestructura escolar, que con este nivel de planificación y de criterios de selección de proyectos anuales de mejora de las escuelas y liceos públicos, quienes trabajamos en el ámbito educativo municipal tendremos que seguir “haciendo bingos” para reparar y mantener lo que el tiempo desgasta inexorablemente.

Sin PC y sin conexión

En esta crisis educativa, los días que corren al interior de la Convención Constitucional serán decisivos para la educación nacional, ya que, en la redacción de nuestra nueva carta magna la educación debe necesariamente quedar definida como a) responsabilidad del Estado, b) pública, gratuita y de calidad y; c) con participación en ella de actores/colaboradores privados bajo una estricta regulación estatal. Quienes hacemos educación estamos llamados/as a velar porque aquello ocurra, pero al mismo tiempo es el propio Ministerio de Educación quien debe tomar un rol protagónico en dicha redacción, dejando de lado su afán por volver a clases y de dibujar una realidad de normalidad en un escenario covid19, cuando sabemos que en Europa y Asia los contagios no disminuyen y que los/as niños/as de La Araucanía siguen esperando acceso a computadores y conexión a Internet para poder asistir a clases remotas e híbridas.

Ministerio de Educación: Tarea para la casa… Aprovechemos la crisis educativa actual para que en la redacción de la nueva Constitución quede establecido la responsabilidad del Estado en la educación nacional, consagrándola como un derecho público, gratuito y de calidad y a la vez; agotemos los esfuerzos para entregar los set de materiales educativos y los notebooks “yo me conecto para aprender” y “yo elijo mi PC” año 2021 que a la fecha Junaeb aún no entrega y que están siendo muy añorados por los/as niños/as de nuestra región para aprender en tiempos de coronavirus… ¡La educación pública, gratuita y de calidad es posible, solo falta voluntad, política pública y su redacción en la nueva Constitución..!