Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 21 de enero de 2018 | Publicado a las: 11:03
El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, participó, junto a integrantes de pueblos indígenas y académicos, en el taller “Convenio 169 y su aplicación en Chile”, organizado por la Comisión de Seguimiento del Proyecto de Ley de Ministerio de Pueblos de la Región de Coquimbo, ocasión en la que resaltó la importancia de mantener y fortalecer esta institucionalidad en nuestro país, y que la posibilidad de que cese su aplicación sería un fuerte retroceso en materia de los derechos de los pueblos originarios.
Este año, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre cumple 10 años desde su aprobación por el Congreso chileno en 2008, periodo tras el cual puede ser denunciado o suspendido en su aplicación por nuestro país. En este contexto, el Ministro respondió a quienes están argumentando que la norma es un obstáculo para proyectos económicos y deslizando la idea de oficializar su denuncia para terminar con su vigencia.
“No puede existir una dicotomía entre el desarrollo económico y el respeto de los derechos de los pueblos. El convenio 169 entrega una oportunidad de diálogo político y social, y retirarlo sería una nueva bofetada a los pueblos indígenas”, aclaró Marcos Barraza.
El secretario de Estado señaló que la denuncia del convenio es “una tentación de quienes no quieren reconocer a los pueblos como sujeto de derechos. En esto se refleja la diferencia entre aquellos que promueven los derechos para los pueblos, de quienes solo les preocupa imponer sus modelos de desarrollo sin las personas y sin las comunidades locales”.
Barraza dijo además que “el Estado y las empresas han avanzado en mejorar estos procesos de Consulta y la mayoría de los retrasos tiene que ver muchas veces con falencias técnicas de los proyectos, que no logran conectar e integrar las necesidades de los pueblos”.
“La única forma de avanzar en un diálogo político efectivo con los pueblos Indígenas es respetar los acuerdos y el 169 se aprobó con acuerdo de todas las fuerzas políticas del congreso el 2008. Debemos hacernos responsables de lo que hemos aprobado”, finalizó el titular de Desarrollo Social.