A un año y medio de asumir como gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, repasa uno de los hitos centrales de su mandato: la reparación de las víctimas de la violencia rural y el terrorismo como el camino para revertir la crisis de seguridad, la sensación de injusticia y desamparo en el que se encuentra la región. Una consulta ciudadana, la sensibilización del Presidente Gabriel Boric y la presentación de un proyecto de ley que obliga a crear un catastro de víctimas de la violencia en el sur que deberá materializar el Gobierno, figuran entre sus principales logros.

“En La Araucanía estamos viviendo una crisis de seguridad, pero también, una verdadera crisis humanitaria”. Estas palabras han sido pronunciadas en reiteradas ocasiones por el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas. Las repite una y otra vez en sus entrevistas. Y tienen un sentido. En poco más de un año y medio de gestión ha conseguido el que será probablemente uno de los principales legados de su histórico mandato: instalar en el debate y en la opinión pública nacional la necesidad de revertir el abandono con las víctimas de la violencia en el sur de Chile y avanzar hacia una necesaria reparación.  

El gobernador regional lo ha explicado en sus propias palabras: aunque la seguridad pública no forma parte de su ámbito de acción formal, si no hay condiciones de paz y seguridad en la región, no es posible un futuro de progreso y bienestar común.

“Usted es el gobernador de las víctimas”, le han dicho en la calle. Rivas responde con un gesto amable, pero afirmativo. Su mandato se inició y comenzó a andar probablemente en medio de los años más violentos de los que se tenga memoria desde aquel primer atentado en Lumaco en 1997.

La “violencia rural” como fue bautizada eufemísticamente, partió en La Araucanía, pero hoy se ha extendido con fuerza a sus regiones contiguas: Biobío y Ñuble por el norte, Los Ríos y Los Lagos por el sur, llegando incluso hasta la Región De O’Higgins.

El año 2022 se cierra con 15 personas fallecidas a causa del terrorismo, la cifra más alta desde que se tiene registro de este tipo de violencia en toda la Macrozona Sur, y un sinnúmero de afectaciones a personas, familias, sus patrimonios personales, productivos, privados, públicos, colectivos, etc.

En dicho contexto, el gobernador Rivas ha liderado una gestión que no se ha detenido en la búsqueda de recursos y proyectos de desarrollo, incluso para zonas donde bandas criminales ejercen controles territoriales y someten a sus habitantes con la fuerza de los fusiles. “El Estado no puede ser indiferente, el Estado no puede abandonar a ningún habitante de la región”, señala Rivas con mucha convicción.

Gobernador, ¿cuál es la importancia de enfocar su estrategia en la reparación de las víctimas del terrorismo en el sur de Chile?

“Llevamos muchos años, muchas autoridades, muchas comisiones, muchos informes, muchos intentos y negociaciones políticas para conseguir acuerdos que nos traigan paz, mientras una serie de personas organizadas en verdaderas bandas criminales someten día a día a diversas zonas de nuestra región a controles territoriales, infundiendo el miedo y el terror, con amenazas, con violencia y muerte para conseguir sus objetivos criminales. Cuando asumimos el gobierno regional, nos encontramos con una región sin proyectos de desarrollo, casi sin proyectos de inversión, figurando como una de las más pobres del país. Una región sin esperanza y abandonada por el Estado”.

¿Cuál es el cambio más concreto que han provocado?

“El primer cambio que provocamos fue escuchar a la región. Organizamos y fuimos los promotores desde el gobierno regional y junto a los 32 alcaldes de la región de la ‘Consulta Araucanía’, un ejercicio inédito para consultas no vinculantes en el país, donde motivamos a más de 140 mil personas a expresar su opinión. Y la ciudadanía nos dijo con mucha fuerza y mayoritariamente que quería seguridad y apoyaba la decisión de establecer un Estado de Emergencia. Este fue un hito histórico y gatillante. Fue lo que terminó por convencer transversalmente al Congreso y al Gobierno de que esto era un clamor ciudadano. Desde entonces, cada vez que el Congreso ha sido consultado, la medida ha sido aprobada, incluso durante el actual Gobierno que, pese a las dudas iniciales y haber decidido incluso retirar la medida, tuvo que retractarse para mantenerla hasta el día de hoy”.

¿Costó mucho convencer al actual Gobierno?

“Más que convencerlo nosotros, siempre hemos pensado que la fuerza de los hechos se impone. La fuerza de los relatos de las víctimas, la fuerza que se aloja en el corazón de personas que viven en esta región, que han perdido seres queridos, que han perdido su forma de vida a causa de la violencia y aun así hoy son capaces de levantarse y tienen la convicción de que, aunque la justicia sea esquiva, en algún momento tendrá que llegar. Pienso en Ingrid Manríquez, madre de Benjamín Bustos asesinado hace casi un año durante un incendio forestal, a sangre fría, sin resistencia, solo por estar en el lugar equivocado. O en Mauro Aguilar, un joven cuyo destino lo puso en la cabina de un camión en una ruta equivocada (lo que no es normal), pero que gracias a Dios sobrevivió pese a que su rostro terminó desfigurado. Ese es el nivel de dolor, ese es el nivel de humanidad que terminó por sensibilizar al propio Presidente Gabriel Boric, a quien insistimos con mucha fuerza que visitara la región, que se atreviera a cruzar los prejuicios ideológicos y conociera esta realidad”.

¿Y cree usted que el Presidente Boric quedó sensibilizado como para provocar cambios mayores?, ¿qué viene ahora?

“El Presidente Boric transmitió que sí, que los testimonios de estas personas le conmovieron. Pero ahora debe pasar a la acción. Antes de su visita y durante su visita le entregamos en sus manos, un proyecto de ley que trabajamos desde la región para asegurar un plan de reparación a las víctimas de la violencia y el terrorismo en el sur de Chile. ¿Para qué? Para dar un primer paso mientras esperamos que las autoridades competentes y la justicia trabajen para desarticular a estas organizaciones criminales y se haga justicia. Tenemos que revertir el abandono en que han estado durante años las víctimas, con sus heridas abiertas, en silencio, invisibilizadas”.

¿En qué consiste esta ley de reparación?

La iniciativa contiene tres aspectos centrales. Primero: garantiza reparación a todas las víctimas de la violencia rural y el terrorismo en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Esta reparación nace a partir del reconocimiento de que el Estado no ha cumplido su obligación de entregar seguridad a las víctimas. En segundo lugar, un paso que consideramos uno de los más importantes: se obliga al Estado a crear un registro histórico especial con todas las víctimas y los hechos de violencia. Y, finalmente, un reconocimiento por parte del Estado de que se hace responsable de los daños físicos, psicológicos, económicos y de cualquier naturaleza, que las víctimas hayan sufrido producto de la crisis de seguridad, teniendo que compensar y/o indemnizar los gastos médicos, atenciones psicológicas, bienes perdidos, perjuicios ocasionados, el lucro cesante, el desplazamiento forzado, sin perjuicio que éste tiene de garantizar la justicia y la persecución criminal.

¿Y cree usted que el Presidente impulsará esta ley?

Lo que ocurre es que, más allá de las convicciones, logramos, además, junto a la bancada transversal de parlamentarios de la región, a quienes agradezco profundamente, incorporar en la Ley de Presupuestos 2023 una glosa que, en su redacción, obliga al Gobierno a impulsar esta legislación. Gracias a una indicación presentada por el senador José García Ruminot se incorporó una glosa en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que obliga al Gobierno a informar al Congreso, antes del 31 de marzo del próximo año, cuál será la definición de este plan de reparación justa a las víctimas de violencia rural y terrorismo, incorporando avances legislativos, la creación de este catastro histórico de víctimas y el reconocimiento de la responsabilidad que tiene el Estado en esta materia.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Estamos señalando un camino histórico de reparación a las víctimas del terrorismo en el sur de Chile. Pero no nos quedamos ahí. Junto al Consejo Regional aprobamos de manera inédita un fondo de más de $6 mil millones que serán destinados a la reparación en el corto plazo de pequeños agricultores, comerciantes, emprendedores, trabajadores que podrán volver a sus actividades diarias gracias a estos recursos. Este año asignamos cerca de $1.800 millones a poco más de 50 víctimas y esperamos destinar el resto en 2023 cubriendo una totalidad de casi 200 víctimas de la violencia. Estamos dando pequeños pasos. Ahora necesitamos que el Gobierno nos informe cuál es el camino definitivo para revertir esta crisis de seguridad y humanitaria que tanto dolor nos ha causado en La Araucanía y el sur de Chile.