Escribe: Teodoro Ribera, Rector Universidad Autónoma de Chile, ex Ministro de Relaciones Exteriores

El plebiscito constitucional y su resultado alcanzan también al conjunto de normas del texto propuesto que plasmaban cambios en la política exterior del país, orientadas a su descentralización funcional y diseminación orgánica entre entes de carácter regional y autonómicos. La conducción y ejecución de las relaciones internacionales, hasta hoy radicados en el Poder Ejecutivo, experimentaban en la propuesta transformaciones de una envergadura tal, que vaticinaban una compleja relación entre la Cancillería y las nuevas entidades autonómicas territoriales, pero también incertidumbre en distintos ámbitos de la acción internacional del Estado.

Con el traslado de competencias desde los órganos centrales a los autonómicos y regionales en la gestión de los recursos naturales, sus efectos prácticos y jurídicos en algunos tratados bilaterales, las dudas en torno a las atribuciones internacionales de pueblos indígenas en el campo vecinal, o el valor que se le asignaba a acuerdos políticos con el pueblo Rapa Nui, afloraban para la Cancillería zonas grises de difícil gestión internacional.

Sea porque el texto constitucional no fijaba criterios orientadores ni límites al empoderamiento constitucional de actores locales sobre algunos recursos transfronterizos, se empinaba aún más la compleja labor de gestionar la política exterior. Incluso el mandato a privilegiar América Latina, apelaba a miradas rígidas y redundantes. Constitucionalizar la política exterior es una tarea tan delicada y compleja, que la doctrina sugiere adoptar en ello la regla de que menos, es más.

Con todo, surgen algunas lecciones que merecen una reflexión, pues si hay un ámbito en el que las regiones albergan una creciente desconfianza es en el exceso de centralismo con que se maneja la acción internacional. Denuncias históricas y desatendidas del pueblo aimara por el agua, de algunas comunidades locales respecto de la minería de alta montaña, o de las zonas extremas del país, se añaden a un problema de fondo, que es la desactualización del valor estratégico del territorio como activo de la política exterior. Reconocer la voz desde las regiones en la política exterior no pasa sólo por tener una mayor presencia de nuestra Cancillería en las regiones, tampoco que algunas de ellas sean clasificadas como laboratorios, sino que la política exterior se esfuerce por reconocer sus singularidades y la integre en su ejercicio para beneficio de sus habitantes.

Por lo mismo, resulta conveniente leer y comprender las señales que surgen del plebiscito, rescatar lecciones de aquellos déficits que anota la conducción internacional del país, implementar cambios que no vulneren la acción internacional de Chile, evitar ejercicios de ingeniería social, y proseguir en el más breve plazo con la aprobación del TPP11 y el acuerdo con la UE. Urge también fortalecer el diálogo político transversal en decisiones que afectan una política pública que es y debe seguir siendo de Estado.