Recientemente, su excelencia el presidente de la República, le dio su bendición a la antigua plataforma táctica de operaciones policiales, antes llamada “Pacis” y luego “Stop”, que ahora será materia de ley, única forma para que algo se cumpla en Chile, país donde la letra solo con sangre entra.

Escribe: Jorge A. Aguirre Hrepic, profesor de Estado, consultor en Inseguridad, Criminalista-Criminólogo.

Hace bastante tiempo que la bandera de lucha de cuanto aspirante político a un cargo de representación popular era hacer flamear al viento la mañoseada palabra; “Seguridad”.

Daba lo mismo el significado, total de la teoría a la práctica, solo hay un débil tablón que saltar, puesto sobre las soleras de dos veredas opuestas, a la distancia del ancho de una calzada (calle o pasaje), de tal forma que si algo no resultaba bien, no habría porrazo y se le podía endosar los problemas a otras instituciones.

Es decir, alguien declama el cuento de la seguridad, pero otros deberían cumplirlos, aunque no estuvieran en sintonía, a todas luces una orquesta desafinada antes de presentarse en público.

Esto se transformó en una mala costumbre, y nadie reparó en pasar la cuenta a quienes siguieron en la estrategia de utilizar las necesidades de seguridad de la gente, en un cheque político, endosado a un colectivo de portadores, existiendo un solo documento original y cientos de fotocopias inservibles a todas luces.

Esta necesidad básica, se transformó en una especie de subcultura, muy dinámica y tipificadora de diversas tendencias, conforme a los factores territoriales y psicosociales de cada lugar amagado por el accionar de la delincuencia.

Luego se diseñaron los instrumentos para procesar la información unificando grupos de delitos, poniéndoles el pomposo nombre de “Delitos de mayor connotación social”, sin importar criterios técnicos al respecto.

Seguidamente, se creó al “Enusc”, encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, donde el mundo rural y pequeñas comunes no existen.

Después vinieron diversas plataformas de control estadístico, se crearon fondos de ayuda económica en prevención social y prevención situacional, saltando algunas universidades sin experiencia criminológica, como hienas sobre un moribundo.

Como si esto fuera poco, proliferaron las empresas de tecnologías en materias de cámaras, alarmas, botones de pánico y cuanta medida paliativa de seguridad, serviría a los ciudadanos.

La guinda de la torta, la puso el tercer poder del Estado (Tribunales), que interpreta lo que hace el segundo poder de Estado (leyes) y que dependiendo como venga la mano, administra el primer poder del Estado (gobierno). Esto consistió en lo que eufemísticamente se conoce como la “puerta giratoria”, dando una pésima impresión a la ciudadanía y una buena señal a la familia criminal, incluso desorganizada, esa que comete delitos sin estructura planificada pero que reditúa como si fuera una “pyme” delictiva.

Para que vamos a referirnos al crimen organizado sociedad anónima (S.A.), estos profesionales de la conducta desviada se frotaron las manos, observando como la deficiencia estatal, años tras años, gastaba dinero en tecnología y sueldos de asesores, que no aportarían nada efectivo al fenómeno delictivo.

Es así, que la nunca perezosa burocracia estatal, creó la “Subsecretaria de prevención del delito”, actual repartición estrella de prevención del Covid 19, que en realidad hace de todo, pero con menos dedicación a la exclusividad de su negocio, la prevención del delito, del crimen.

¿Quién evalúa este resultado?

Recientemente, su excelencia el presidente de la República, le dio su bendición a la antigua plataforma táctica de operaciones policiales, antes llamada “Pacis” y luego “Stop”, que ahora será materia de ley, única forma para que algo se cumpla en Chile, país donde la letra solo con sangre entra.

La convicción ciudadana no existe, principalmente porque tampoco existe para sus autoridades, por lo tanto, cultura cívica, cero.

De tanto hablar de seguridad y no poder controlar el temor de la gente, sus miedos y la merma de sus escasos bienes, surge la “Inseguridad”, como concepto de contrapunto a todo lo conocido como necesidad básica de supervivencia.

Al otro extremo, está la sobre reacción popular y falta de control de impulsos, cuando suceden algunas acciones delictivas, desde las más simples a las más graves.

No se trata de que existan seguros de vida o de bienes, sino que la reacción social informal, siempre será más “alaraca” en determinadas latitudes geográficas y sociales, por diversos motivos, que no son del caso analizar ahora, pero son relevantes.

Dicho esto, desde hace un tiempo a la fecha, la población, villa, pasaje o condominio chileno, se ha unido para actuar planificada o espontáneamente, cuando se siente víctimas potenciales o directas de un delito y también en apoyo de un tercero que es vulnerado en las vías públicas.

Esta actuación de respuesta generalmente ha sido masiva, violenta y agresiva, sin escucha ni analizar nada, realizando prácticamente linchamientos o ajusticiamientos, sobre el delincuente o supuesto victimario, sin que existan antecedentes, basta que alguien lo apunte con el dedo y ya está en la mira del grupo justiciero.

Sin bien no da lo mismo la naturaleza de esta actuación, hay que considerarla que es una forma de auto defensa inevitable, especialmente porque en función de la inseguridad reinante, se imaginan, que en algún momento el delito afectara a su propia familia o conocidos. Por lo tanto, hay que participar en la cuadrilla justiciera.

El resultado ha sido disímil, delincuentes machucados, algunos inocentes magullados, equivocaciones en el blanco, y delincuentes muertes por exceso de golpes, a partir de una actividad que se sabe cómo empieza, pero no como termina.

Los llamados a prevenir no están y los llamados a investigar la hacen corta, todos los que participaron, independientes de como lo hicieron, son homicidas.

El caso más palpable y reciente es el de Puente Alto, ocurrido en diciembre de 2020, donde once personas golpearon a un ladrón callejero causándole la muerte. Junio de 2021, todos detenidos por homicidio, es decir, imputan a los 11, como homicidas, en partes iguales.

Seguramente, la señal que se quiere enviar es que ningún ciudadano que defienda a un transeúnte y por ello lesione o mate a otro, quedará impune.

Para que vamos a hablar de la legítima defensa, donde solo es un artículo decorativo en el Código Penal, chileno.

En síntesis, la inseguridad es tal, que la idea es que nadie haga nada y prácticamente la delincuencia haga todo, menos representarse el riesgo que significa atacar a otro ser humano, que, siendo víctima, pueda defenderse.

Por eso los delincuentes, hoy se concentran en atacar a los menores, mujeres solas y personas de la tercera edad, premunidos de armas, en superioridad numérica, lugares oscuros y solos, es decir todo favorable para ellos.

El crimen en la actualidad se ha transformado en un negocio redondo sin duda, donde no hay aporte de capital y los costos que asumir son mínimos y prácticamente garantizados por el Estado, donde no habrá voluntad estatal de detener su actuar.  Esto se ve irreversible, pero tiene solución, siempre cuando exista el interés por hacerlo.

Por ahora seguiremos viendo a ciudadanos de bien desfilar por tribunales, conocer de cerca la palabra imputado, ser amedrentados por las familias de los delincuentes;  a la policía observando y diciendo que bueno que ahora los imputados sean otros, para que la gente entienda la difícil función policial en Chile; a los fiscales divididos en como formalizar e investigar; a los defensores alinearse, dependiendo de cómo venga la mano; a los jueces, al arco, atajando y dejándose meter autogoles, depende como esté el ambiente; a los peritos tratando de ver las evidencias; a los medios de comunicación informando lo que quieran y al gobierno a través del Estado, juntando mediante un gotero, la piscina de voluntad que se requiere para revertir la Inseguridad en Seguridad.