Diecisiete indicaciones, hasta ahora, deberá discutir y votar la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión en particular del proyecto que prohíbe la constitución de derechos de agua sobre glaciares. La iniciativa fue aprobada en general en forma unánime el pasado 10 de julio, con 142 votos a favor, ninguno en contra ni abstención.  El miércoles 17 fue la primera sesión donde la comisión revisó el texto.

Luego de que a fines de junio el gobierno anunciara el retiro de su respaldo al proyecto de Protección y Preservación de Glaciares, tras 4 años de tramitación, esta ley corta -ingresada como moción en enero de 2018- es la única que se mantiene en discusión y que avanza en el resguardo de estas importantes reservas de agua del país.  Por su parte el Ejecutivo informó que incluirá mecanismos de resguardo en el proyecto de ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, aún en tramitación, y en la Ley Marco de Cambio Climático.  Sin embargo, el primero aún no recibe indicaciones sobre la materia y sobre la segunda todavía no se conoce la redacción.

Durante la sesión del miércoles 17, la presidenta de la comisión Catalina Pérez (RD), informó que en la sala se ingresaron 16 nuevas indicaciones al proyecto, que se agregan a la que originalmente presentara la propia diputada, sumando así un total de 17.

Se acordó además un período de exposiciones públicas “con una cantidad acotada de invitados, dado que ya se acabó el período de audiencias, para que pudiesen referirse principalmente respecto de este punto” (definición y naturaleza jurídica de los glaciares).  En este sentido se espera invitar a la Dirección General de Aguas y organizaciones territoriales críticas del proyecto, con el fin de escuchar sus aportes sobre estas materias. El plazo final para cursar las invitaciones es el miércoles 25 de julio, contemplándose las audiencias el 1 de agosto.

Dentro de las indicaciones destacan algunas que apuntan a cambiar la figura de los glaciares como “bienes nacionales de uso público” a un estatus de “bienes nacionales”, lo cual se considera les daría mayor nivel de protección ante amenazas de intervención.  Otra propuesta identifica y define todos los tipos de glaciares (de valle, piedemont, de cráter, de montaña, rocosos, campos de hielo, etc.)  En otra  se  elimina en su definición la referencia a que es todo aquel “que persista por períodos de al menos dos años y que cubra un área igual o superior a 0,01 km2”, con lo cual se amplía el rango de aplicación de esta ley a las masas de hielo de extensión bajo los 10 mt2 y de menor duración.

Gran parte de la diversidad de indicaciones presentadas durante la discusión en sala están orientadas a mejorar el texto de definiciones y prohibiciones del proyecto, lo cual requiere acordar textos de consenso que permitan ordenar el debate y la votación en particular de la Ley Corta de Protección de Glaciares.

El texto aprobado en general ya ha sido criticado por el Consejo Minero, cuyo presidente Joaquín Villarino declaró que esta legislación “hará imposible la actividad minera actual y futura en toda la zona central de Chile, lujo que el país no puede darse”.  En respuesta a las declaraciones del gremio minero la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, señaló que “en un contexto de cambio climático los glaciares se tornan indispensables para los ecosistemas y el acceso al agua de las comunidades, las ciudades y la agricultura” y que de no avanzar en esta legislación “estaremos agravando la inseguridad hídrica que enfrenta el país”. En la misma línea se pronunciaron todos los diputados al fundamentar su voto el pasado 10 de julio.

Integran la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, además de Pérez, Sebastián Álvarez (Evopoli), José Miguel Castro (RN), Cristina Girardi (PPD), Félix González (Ecologista), Diego Ibáñez (ind. Frente Amplio), Amaro Labra (PC), Karin Luck (RN), Celso Morales (UDI), Gastón Saavedra (PS), Sebastián Torrealba (RN), Fernando Meza (PRSD) y María José Hoffmann (UDI).