Por: Mauricio Burgos, Director carrera Auditoria, UA

Ya sea bajo criterios Ambiental, Social y Gobernanza (ASG) u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), atañe reflexionar para generar instancias que impacten positivamente al bienestar y crecimiento de las personas.

Así, una de ellas es el ODS 10 Reducción de las desigualdades, donde el estudio dado a conocer recientemente “Acceso a productos y servicios financieros de la población refugiada y migrante en Chile”, ejecutado por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), revela un interesante tema, del cual destaco: Las dificultades para acceder a productos financieros han afectado a un 90,5% de los migrantes; las barreras de acceso esenciales son el no disponer de cédula de identidad (68,5%) y permanencia definitiva (69,7%); un 64,5% cita como barrera de acceso la falta de información y altos costos y comisiones; y, aunque los encuestados tenían un alto nivel de inclusión en su país con cuenta corriente (87,3%), cuenta de ahorro (86,1%) y tarjeta de crédito (72,9%), ello choca con la vivencia en Chile, por ejemplo, con la cuenta RUT (60%) y la tarjeta de crédito (20%). Conforme al Global Findex 2021 la inclusión financiera ha mejorado mundialmente, y nuestro país presenta el mayor nivel de bancarización de América Latina y el Caribe con un 87%.

Sin duda, conocer las dificultades de un grupo de personas que, entre regularizados y los que no, alcanzaría en torno a los dos millones, constituyen potencialmente un foco de atención para el sector financiero, pero creo que no se les puede endosar toda la responsabilidad.

No debemos olvidar que este sector es muy regulado y las entidades para evitar riesgos disponen de procesos preventivos, entre lo cual está el público objetivo al cual atender, y quienes no pueden acceder a lo formal probablemente buscarán otras vías, tal vez no las mejores, quedando expuestas al abuso sobre esa necesidad o urgencia. 

Así, mejorar la inclusión financiera debe ser una acción multisectorial aunando esfuerzos del Estado, empresas y sector financiero, entre otros, y en la que un aspecto central es regularizar la permanencia, así como la situación laboral de estas personas, ya que son aspectos vitales que les permitirán acceder a productos y/o servicios variados.

En pedir no hay engaño, pero también debe obedecer al cumplimiento de un marco normativo mínimo, y en el que debemos señalar que no siempre calificamos para todo.  

Asimismo, los actores financieros tradicionales y aquellos nuevos -empresas Fintech- tienen un gran desafío para generar y llegar con iniciativas de productos y/o servicios adecuados al grupo objetivo desatendido, acompañado por cobros razonables.

Por otra parte, también es necesario incorporar espacios para que los migrantes puedan recibir la capacitación que les permitan conocer, analizar y evaluar apropiadamente los productos y/o servicios que se les ofrecen, habilitándolos para ejercer una pertinente toma de decisiones, y en lo cual las empresas o gremios del sector financiero pueden realizar un importante contributivo.

Finalmente, los que estamos vinculados a la formación, adhiriendo a una responsabilidad y compromiso social, también nos correspondería ser agentes de transferencia de conocimientos y capacidades para estas personas al alero de nuestras casas de estudio.