El vicepresidente del Senado y senador Francisco Huenchumilla valoró la aprobación, por parte de la Comisión Experta, del Capítulo I del anteproyecto para una nueva Constitución, norma en cuyo contenido se incluye que Chile sea declarado constitucionalmente –en una nueva Carta Fundamental que pueda regir en el país– como un “estado social y democrático de derecho”.

El parlamentario celebró la noticia y dijo que “es un buen anuncio para nuestro país, porque si esta norma pasa la valla de los constituyentes, y si esta Constitución se aprueba, será “la tierra fértil” para la creación de un estado de bienestar en Chile”, señaló.

Sin embargo el senador explicó, en entrevista con T13 Radio, que con la aprobación del concepto sólo “se aprueba un titular. Pero después, todo el contenido de lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho se remite a la ley. Por lo tanto la Comisión Experta no dejó zanjado exactamente qué es el Estado Social y Democrático de Derecho”, advirtió.

En este sentido, el legislador aclaró que “la ley tendrá que llenar ese titular que hizo la Comisión Experta. Salvo que cambie en el Consejo Constitucional ese concepto (…) (pero) si el Consejo lo ratifica, quiere decir que todo va a quedar pendiente para una ley posterior. Esa es la tarea pendiente del Consejo, si se va a avanzar un poco más (…) en una norma un poquito más sustantiva”.

Cambio de paradigma

Ya en una instancia distinta, el senador explicó que, de aprobarse en el Consejo y de profundizarse el concepto de estado social, serán “unas reglas del juego totalmente distintas a la Constitución del 80, donde por decisión política de un régimen dictatorial, se concibió el rol del estado como no responsable frente los derechos y las necesidades básicas de las personas”.

El legislador detalló que en dicho contexto los derechos sociales básicos “fueron entregados al libre arbitrio del mercado, y garantizando casi exclusivamente el marco jurídico e institucional que permite su funcionamiento, pero sin ir más allá (…) el problema es que el mercado cobra por estas necesidades y lucra con ellas, como si fueran cualquier bien transable, que no todos pueden pagar”.

“Debate nacional”

El legislador también destacó el hecho en un contexto donde “hoy por hoy, el debate nacional, y el debate constitucional incluso, están copados por materias de seguridad. Ese es un problema real que tenemos en nuestro país, que reviste distintos matices de gravedad, también en La Araucanía; pero donde el tratamiento que se le da, obedece claramente a los intereses de ciertos sectores”.

Por lo mismo, el parlamentario añadió que “en un debate constitucional deben debatirse temáticas tan importantes como el rol que queremos que cumpla el estado. Si queremos que sólo garantice la seguridad y la estabilidad económica, jurídica y política, desentendiéndose de otras obligaciones; o si buscamos generar condiciones de equidad, solidaridad y justicia, independiente del bolsillo”.

Explicación

Por último, el senador se explayó en cómo opera un estado social y democrático de derecho: “el estado traspasa la barrera de simplemente garantizar la seguridad, el cumplimiento de la ley y la estabilidad jurídica y política; y además de ello, se obliga legalmente a proteger a la ciudadanía y promover activamente su bienestar. Ejemplos prácticos son los países más desarrollados de Europa. España, por ejemplo, se define constitucionalmente bajo este paradigma”, comentó.

El parlamentario profundizó que “un estado social pasa a tener un rol prestacional activo. Por ejemplo, garantizando el acceso a derechos sociales básicos, que en muchos casos el mismo estado provee, o bien cuyo acceso asegura; así como la igualdad de oportunidades para los ciudadanos, independientemente de la cantidad de dinero que tengan en el bolsillo”, explicó el senador.

“El establecimiento de este rol significa que existe un estándar mínimo de prestaciones que el estado garantiza, para que las personas las reciban en igualdad de condiciones, en las materias clásicas de salud, educación, vivienda y previsión. Ello no significa la desaparición del mercado en estos aspectos; pero sí implica que se desmercantilizan estos derechos sociales; en la misma línea, lo que ofrece el estado es competitivo con lo que ofrece el mercado, en calidad y en oportunidad”.

Respecto de las dinámicas que pueden darse en el Consejo Constitucional, Huenchumilla reconoció que las mayorías de derecha “efectivamente podrían no permitir profundizar en el concepto, pero lo que no podrían hacer es proponer normas contrarias, que mantengan por ejemplo el rol actual de estado subsidiario. Con los 12 bordes preestablecidos, esta es una puerta que se abre”, concluyó.