El abogado integra la Comisión Forma de Estado y Descentralización que, precisamente, analiza los temas de interés regional.

“El sector privado ha participado activamente en la Convención Constitucional (…) en las audiencias que tuvimos en Peumo y Malloa, escuchamos a dirigentes de las cooperativas campesinas de pequeños agricultores y también a una asociación de exportadores de frutas”.

Integrante del Colectivo del Apruebo y de la Comisión Forma de Estado y Descentralización, el Convencional Eduardo Castillo ha tenido un importante rol en la discusión, análisis y propuestas en temas que interesan particularmente a las regiones. El abogado y docente de la UCT, representante del Distrito 23, es, entonces, una voz autorizada para analizar con mayor profundidad estas materias, especialmente considerando las inquietudes que han expresado dirigentes empresariales y políticos, respecto de temas de fondo a abordar en la Nueva Constitución.

Desde Santiago, donde las distintas comisiones están en proceso de votar normas en particular –previo a la votación del pleno y el quórum de los dos tercios-, Eduardo Castillo se refirió a aspectos fundamentales en materia constitucional, como lo son, por ejemplo, el manejo de las cuencas y las atribuciones de los gobiernos y consejos regionales.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, sostuvo que el Estado no es eficiente para el manejo de las cuencas como el sector privado, tal como propone la Convención Constitucional. ¿Considera usted eficiente al Estado para manejar estos recursos naturales?

-Las cuencas son un patrimonio y un sistema que debemos cuidar, y el Estado no puede permanecer al margen de ello. Eso implica que su manejo debe ser inclusivo, es decir, contemplar la participación de la comunidad porque los usos pueden ser muy diversos y, en algunos casos, pueden llegar a ser incompatibles. El sector privado ha participado activamente en la Convención Constitucional; por ejemplo, en la Comisión de Forma de Estado, en las audiencias que tuvimos en Peumo y Malloa, escuchamos a dirigentes de las cooperativas campesinas de pequeños agricultores y también a una asociación de exportadores de frutas que producen en ese mismo territorio. Todo tipo de productores dependen de la sustentabilidad de una cuenca, son todos privados. Y si el Estado no lo está haciendo bien, nuestro deber es mejorar sus instituciones y desempeño.

Hace algunos días, el presidente nacional de los consejeros regionales, Marcelo Carrasco, en una declaración pública dijo que “El rol de la Convención Constituyente no es desmantelar el Estado”. ¿Ha escuchado esta crítica respecto a la función para lo que fueron electos?

-El rol de los convencionales es hacer una nueva constitución y desde luego uno de los temas centrales en ella es la descentralización del Estado porque ha sido una demanda ciudadana de las regiones de Chile. Entonces es evidente que la deliberación es qué cambios hay que hacer y no dejar todo igual. Lo que hoy existe no lo teníamos hace dos años: gobernadoras/es electos popularmente, transferencia de competencias. Antes se había avanzado con la elección de los consejeros regionales por sufragio popular. A partir de ahí los temas son otros: descentralización de funciones gubernativas y no solo administrativas, la posibilidad de aprobar leyes y reglamentos regionales, descentralización fiscal dentro de un marco constitucional y legal. ¿Qué gobierno regional se necesita para eso, el mismo que tenemos hasta ahora o hay que avanzar a otro tipo de institucionalidad regional?

El consenso en la Comisión de Forma de Estado y Descentralización es que exista un ejecutivo y un cuerpo colegiado, ambos electos popularmente y con más atribuciones que las que detentan hoy día. Como se trata de una institucionalidad para dictar leyes, con atribuciones efectivas de dictar reglamentos regionales, con más competencias efectivas en el desarrollo de la región, en ordenamiento territorial, etc. Hay dos caminos: crear una nueva institucionalidad o bien mantener la actual con cambios sustanciales. Los nombres no me preocupan; hay convencionales que quieren cambiarle el nombre al Core y denominarlo Asamblea Legislativa Regional, otros, Parlamento Regional. Yo prefiero seguir llamándolo Consejo Regional, pero con una naturaleza y atribuciones muy distintas a las que tiene ahora. Ninguna de estas opciones significa desmantelar nada, sino que hacer los cambios que las regiones necesitamos.

El mismo consejero agregó -entre otras materias- que “si la Convención Constitucional disuelve los consejos regionales, atenta contra la democracia regional”. ¿Qué se debe reformar de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y que preocupan a los consejeros?

-Ya votamos en particular las normas sobre descentralización y se presentará al pleno el informe respectivo la próxima semana. Ni en el texto ni en el debate de más de tres meses, nunca he escuchado lo de “disolver los consejos regionales”.

Sectores políticos han señalado su preocupación por las reformas al sistema judicial chileno, que va de la calificación de jueces hasta la Corte Suprema. ¿Cuáles son los cambios más sustanciales que estudia la CC?

-Creo que el cambio más sustancial es el acuerdo para crear un Consejo de la Magistratura (de nuevo, el nombre puede ser otro), que tenga a su cargo la selección de personas idóneas para ocupar las magistraturas y su ascenso o progreso en la carrera judicial. Que los ascensos no dependan de quienes son sus superiores. También se reforzará el debido proceso como garantía constitucional.

Tres son las materias que más preocupan a los chilenos hoy: seguridad, delincuencia y narcotráfico, muy relacionadas entre sí. Para enfrentar estos flagelos, ¿qué propone la CC?

-No es mi especialidad, pero esos no son temas estrictamente constitucionales, sino que de políticas públicas. Lo que la Constitución debe hacer es reforzar las garantías de las personas para que sus derechos sean efectivamente respetados. Por cierto, también está el tema institucional con las normas que la Constitución contenga sobre el Ministerio Público (ente persecutor), la Defensoría Penal Pública y a las policías.

Mucho se discute acerca de la militarización, pero los asaltos, incendios y asesinatos siguen ocurriendo con mayor ocurrencia en zonas donde no hay protección militar a las policías. ¿Qué se discute en las comisiones de la CC en esta materia?

-La pregunta no está referida a debates constitucionales, sino que a realidades y a medidas que los gobiernos deben adoptar ante la ocurrencia de estos hechos deleznables, que por supuesto condeno. Lo importante es que la Constitución consagre las herramientas necesarias para que ante una situación como la descrita los correspondientes órganos del Estado puedan investigar, perseguir y sancionar a quienes cometen este tipo de actos. Y también entregar al gobierno facultades para adoptar medidas ante situaciones excepcionales expresamente previstas en la propia Constitución.