La decisión del Senado es contradictoria con La Araucanía, done tenemos una gran dotación de recursos hídricos, superior a las regiones del centro y norte del país, pero sólo un 16,6% es para la producción de agua potable. 

Por no alcanzar los dos tercios de la votación, al obtener solo 24 votos a favor y 12 en contra, el Senado rechazó en Sala la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional sobre el dominio y uso de las aguas en Chile.

Se requerían 29 votos a favor para que la iniciativa continuara su tramitación. Esto quiere decir, que de querer insistir en la idea, los autores del proyecto deberán presentar un texto nuevo.

La discusión estuvo marcada por el debate de una nueva Constitución, donde se pretende redactar una serie de principios y derechos sobre una hoja en blanco. Así, se buscaba consagrar el agua como bien nacional de uso público en la Carta Fundamental, señala un informe de Greenpeace.

Los legisladores que se mostraron a favor del texto argumentaron que es vital consagrar en la Constitución este derecho y aseguraron que la norma pretende regular el agua no quitar los derechos entregados a perpetuidad.

Los senadores opositores argumentaron sobre la crisis hídrica con baja pluviometría y altas temperaturas en el marco del cambio climático, asegurando que hoy más que nunca es vital cuidar este recurso. Entre ellos, hubo quienes apelaron a la necesidad que sea el Estado el que gestione el agua.

Desde el oficialismo reiteraron que el agua sí es un bien nacional de uso público y que tanto la propiedad, dominio y el consumo humano, están garantizados.

Además, cuestionaron que el proyecto podría implicar consecuencias en la inversión sanitaria porque podría, a futuro, quitar los derechos entregados y que la crisis hídrica no se resuelva con modificar la norma.

La reforma de la Carta Fundamental tiene por objeto consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación:

– Consagra constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público.

– Entrega a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.

– Garantiza la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico.

– Contempla el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.

Agua potable y equidad social

El portal comunidad.org, explica que un tercio de la población rural de La Araucanía,  la con mayor población rural de Chile, es abastecida con camiones aljibes. Así, el ingreso per cápita de La Araucanía (marzo de 2019) es el más bajo con US$ 8.450, y a la vez la más pobre según la Casen 2017, pudiendo haber una relación entre acceso al agua potable y equidad social y territorial.

No es la idea presentar un escenario deprimente, sino hacernos cargo como sociedad civil de una realidad que nos interpela: el acceso al agua potable con servicios adecuados en las zonas rurales de esta región no es una realidad para todos y afecta diariamente a cerca 100 mil personas.

Es contradictorio pensar que La Araucanía tiene gran dotación de recursos hídricos, superior a las regiones del centro y norte del país, pero sólo un 16,6% es para la producción de agua potable, realidad que se suma con la percepción sobre cambios climáticos extremo y frecuencia de años secos; afectando directamente al consumo humano, sostiene el portal.

Contexto de escasez

Para la organización Greenpeace, esta iniciativa es el resultado de la tramitación de varias mociones, algunas presentadas el año 2008 y que el 2014 se fundieron,  no pudiendo avanzar en su tramitación hasta este martes 7 de enero. La laxitud de su tratamiento hace muy cuestionable que el Senado o quiera discutir en temas que parecen razonables en un contexto de escasez y de necesidad de incrementar la seguridad.

En efecto, los proyectos no afectaban la asignación privativa de las aguas actualmente  sino que rezaba por  consagrar que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público, como ya se encuentra establecido en el código; establecer un límite temporal a su entrega, garantizar la priorización de usos del agua, el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico y su protección a través del recurso de protección.

Razones suficientes

“El escenario actual en nuestro país es que hay 56 comunas con decreto de escasez hídrica en Chile en la zona en donde habita más del 70% de la población, 400.000 chilenos recibiendo agua por camiones aljibes y casi el 50% de los municipios del país están distribuyendo alguna ayuda en agua. Aún así el Senado rechaza la idea de legislar para priorizar a la población”, explican desde la organización ambientalista.

Matías Asun, director de Greenpeace en Chile enfatizó que: “Es una vergüenza nacional que en medio de una crisis hídrica el senado rechace votar que el agua sea para el consumo humano de todos los chilenos y siga priorizando por sobre nuestra población. Con esto, hoy existe mayor protección al derecho de aprovechamiento de aguas y su carácter de propiedad privada, que la obligación de priorizar sus uso de acuerdo a lo que consideramos más relevantes, acceso humano y ecosistémico”.

Para el ejecutivo de Greenpeace, el agua que utiliza un palto o un eucalipto se encuentra protegido por la constitución y no así las personas y los ecosistemas que dependen de su acceso. Y Chile se encuentra en el puesto número 18 mundial en el ranking de riesgo de emergencia hídrica. Impedir este debate es atentar contra la vida.

Este proyecto  se encuentra desde el 2008 en el Congreso. Tras 11 años se realiza su votación alcanzando en el Senado  24 votos a favor contra 12 en contra para tratar el tema.  No se logró los quorums constitucionales necesarios de ⅔, razón por la cual se rechazó la iniciativa.Ante esto la organización ambientalista Greenpeace explicó que “este es un ejemplo clarificador de la necesidad de contar con una nueva constitución que permita que  estos proyectos avancen. Hoy, aunque es una gran mayoría a favor, no obtuvo los dos tercios  que exige la constitución actual, para seguir tramitando”.

“Después de una década se vota este proyecto rechazando la idea de siquiera discutir esto, bloqueando la discusión de un proyecto que trate esta materia por más de un año. Mientras una laguna completa como Aculeo, se seca completamente, 56 comunas terminan con decreto de escasez hídrica en Chile, 400.000 chilenos recibiendo agua por camiones aljibes y casi el 50% de los municipios del país está distribuyendo alguna ayuda en agua a través de camiones. Una vergüenza nacional lo que han hecho los miembros del Senado que rechazaron la iniciativa, amparándose en los quórum especiales para mantener las cosas como están, en crisis hídrica”, finalizó Asun.