Las últimas semanas han sido intensas para el futuro del agua en Chile.

Luego de 8 años de tramitación, y ser aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016 y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en agosto de 2017, la reforma al Código de Aguas se encuentra hoy en votación en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.  Esto luego que en enero de este año el gobierno presentara múltiples indicaciones tendientes a revertir los avances materializados que buscan asegurar el consumo humano, la protección de los ecosistemas y evitar la especulación.

Hasta el momento las indicaciones del Ejecutivo han sido rechazadas por los senadores, ante lo cual los gremios empresariales recientemente publicaron un insertoen 28 medios de circulacion nacional y regional, torpedeando los avances de la reforma.

La Confederación de la Producción  y del Comercio (CPC), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Bancos y la Cámara Nacional de Comercio han basado su crítica en la hipotesis de que el proyecto aprobado por la Cámara, y las posteriores votaciones en el Senado, “amenazan la certeza jurídica y bienestar de la sociedad y las personas”.

Derechos  y reclamos

Uno de los sectores  que ha sido emblema en el rechazo a la reforma es la SNA, la cual ha desplegado su artillería no solo en contra de la iniciativa sino también de los legisladores de las zonas agrícolas.  “Los regantes y agricultores deben saber lo que están haciendo los senadores de sus regiones que están en esta comisión” señaló a mediados del mes pasado su presidente, Ricardo Ariztía, aludiendo a la forma en que ha votado la Comisión de Agricultura.

En la audiencia especial del 18 de julio el fiscal de la SNA, Eduardo Riesco,  planteó que “entre el proyecto de modificación del Código de Aguas y la Constitución Política existe una colisión”, lo cual en su opinión afectaría “la propiedad del derecho de aprovechamiento”.

Riesco aludió así a los artículos 5º, 6º y 6º bis de la reforma, que establecen que una vez aprobada la nueva legislación los derechos de aprovechamiento que otorgue el Estado serán por 30 años, prorrogables, y podrán ser caducados por no uso.

Según el funcionario de la SNA aunque los derechos ya otorgados se mantienen a perpetuidad, tal como se otorgaron históricamente, estas características de los futuros otorgamientos podrían involucrar “una expropiación regulatoria… es decir, se privaría a los titulares de algunos atributos de sus derechos de aprovechamiento en términos tales que afectarían su esencia”. Y esto estaría restringido por el número 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Con este argumento, Riesco auguró una judicialización que complejizaría la aplicación de la nueva normativa.  “Una respecto de la indemnizaciones que podría reclamarse por esta expropiación regulatoria y la otra por los innumerables recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que podrían derivarse de esta colisión” apuntó, debiendo ser esta última acción resuelta por el Tribunal Constitucional según el número 6 del artículo 93 de la Constitución.

Pago por constitución

Durante la misma jornada en el Senado, el director de la Dirección General de Aguas (DGA), Oscar Cristi, planteó un tema que no estaba en la agenda, frente  al problema de escasez hídrica: que los privados  paguen al Estado por la constitución de derechos de agua. “La propuesta es que a partir de que se apruebe esta ley, estos ya no se sigan entregando en forma gratuita, con excepción de los sistemas de agua potable rural y todos los pequeños agricultores, que son los que tienen hasta 2 hectáreas de riego básico, el 90 % de los titulares de propiedades agrícolas del país” aclaró.

Ante una consulta de la senadora Adriana Muñoz, aclaró que sería por la vía de un remate.

El 22 de julio, en tanto, el ministro de Agricultura Antonio Walker ya había reiterado los temas en que el gobierno está de acuerdo y en desacuerdo respecto del proyecto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y que pretende revertir con la indicacion sustitutiva.

En lo primero, priorizar el consumo humano. Eso sí, apuntó que “más que ser un problema de cantidad de agua es un problema de cómo distribuir esa agua, especialmente entre el sector rural donde tenemos la principal falencia”.

Aunque concordó en terminar con la especulación, expresó el completo desacuerdo del Ejecutivo con el carácter de los futuros derechos de aprovechamiento y su extinción por no uso. “Es la certeza jurídica y ese es el principio sobre el que no tenemos acuerdo con muchos senadores” puntualizó.  En este sentido el gobierno se alinea con lo planteado por los grupos empresariales en términos de mantener el derecho de propiedad absoluto e indefinido sobre los derechos de aprovechamiento de agua, sin mayores restricciones.

La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien el 4 de abril expuso ante la Comisión del Senado, indicó que los planteamientos tanto del Ejecutivo como de las empresas, en el sentido de que se socavará la certeza jurídica de los derechos ya otorgados “es una falsedad, pues el texto mantiene vigentes la gratuidad y la perpetuidad sobre los derechos de agua ya otorgados, que corresponden al 80 % de las aguas superficiales y parte importante de las subterráneas del país”.

Puntualizó que “la reforma establece la extinción de derechos solo en el caso de que estos no se usen por más de cinco años tratándose de los consuntivos y por más de 10 años los no consuntivos, a objeto de que queden disponibles para otros usos, lo cual es de toda lógica social, ambiental y económica, pues lo anterior constituye un acaparamiento ocioso de bienes públicos”.

Ante esto planteó que “en lugar de desinformar, los gremios empresariales debieran contribuir a generar certeza jurídica y seguridad hídrica para los chilenos afectados por la sequía y la crisis climática. Debieran reducir la sobreexplotación y contaminación de la aguas, y contribuir para que los casi dos millones de chilenos abastecidos con camiones aljibe tengan acceso al agua”.   Y concluyó “Estos son los problemas esenciales que resuelve la reforma, y los empresarios debieran ser parte de la solución y no seguir siendo causa del problema”.

La Comisión de Agricultura del Senado es presidida por Álvaro Elizalde (PS) y la integran Juan Castro (RN), Carmen Gloria Aravena (ind.), Adriana Muñoz (PPD) y Yasna Provoste  (PDC). (Colaboración: Patricio Segura).