Ejecutivo plantea profundas reformas a la cuestionada ley, buscando principalmente regular abusos en la extracción industrial y fortalecer la pesca artesanal con la creación de un Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable, entre los principales alcances que discute la mesa de trabajo de parlamentarios en la cámara.

Avanzadas las negociaciones entre el gobierno y la bancada parlamentaria que busca aplicar cambios sustanciales a la actual Ley de Pesca, atendiendo las demandas de pescadores artesanales movilizados que exigen el cese a la pesca industrial que ha mermado la extracción de peces, así como la revocación de derechos que catalogan de “abusivos” como las licencias de pesca intransables y para siempre –se otorgan por 20 años-, es que el Ejecutivo trabaja una agenda de cambios que tiene como objetivo perfeccionarla para resguardar la actividad pesquera artesanal.

Entre las principales reformas a Ley que el gobierno promueve en el Congreso, está la revisión de los derechos de pesca, para establecer que “estos no son para siempre y que no son gratis”, como lo ha señalado el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, atendiendo a que actualmente la Ley otorga derechos pesqueros por 20 años y que hoy, el 85% de los derechos pesqueros históricos está en manos de la industria y el resto se licita, a lo que el gobierno busca lograr un equilibrio de 50/50 a medida que caduquen los derechos de los industriales.

Otro punto relevante que considera la agenda es tramitar un proyecto de fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca, que propone dotar al organismo fiscalizador de mayores atribuciones y combatir la pesca ilegal de manera decida tipificando de delito. Así también crear el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y el de regularización de caletas pesqueras, las cuales se encuentran en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Pesca del Senado.

Salas añade que unos de los temas relevantes para combatir la pesca ilegal en Chile, se encuentra plasmado en el proyecto, el cual permite disminuir las sanciones a quienes extraen el producto y a la vez, “aumentar drásticamente a aquellos que desarrollan las actividades de procesamiento”, que a su juicio sería “donde realmente está el negocio” y el incentivo a desarrollar pesca ilegal.

La iniciativa legal tipifica como delito el procesamiento, la elaboración, la comercialización y almacenamiento que no acredite origen legal. Como ejemplo, un gerente de una empresa que procese pesca ilegal se expone a una pena de 541 días a 3 años de cárcel, más a multas que parten en los 13 millones de pesos.

En tanto actualmente, un pescador artesanal arriesga una multa mínima de 1 millón 300 mil pesos por tenencia ilegal y según Sernapesca, con la modificación propuesta, su multa mínima será de 10 mil 145 pesos a la máxima de 202 mil pesos.