«Estos hechos permiten configurar respecto de la investigada la infracción de principio de probidad e integridad», apuntaron desde la Fiscalía Judicial.

La acusada se defendió y declaró que le correspondía el beneficio ya que había recibido correos del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La Tercera Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel formuló cargos contra una funcionaria judicial por haber recibido el Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos exigidos.

A mediados de octubre se dio a conocer que más de 100 empleados del Poder Judicial retiraron el beneficio pese a no llenar los requerimientos, lo que se suma a los 437.703 trabajadores que obtuvieron el bono de manera fraudenta, según declaró el Servicio de Impuestos Internos (SII). 

Según cifras del organismo, más de 35 mil presuntos beneficiarios indebidos entregaron sus antecedentes para acreditar que sí cumplían con los requisitos para acceder a la ayuda estatal y el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre para devolver los dineros sin multas ni intereses.

Sin embargo, según consignó El Mercurio, se resolvió formular cargos contra una oficial de una Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel porque «estos hechos permiten configurar respecto de la investigada la infracción de principio de probidad e integridad«.

«En esta etapa de la instrucción las explicaciones otorgadas por la investigada no se han justificado, al tiempo que tampoco configuran antecedentes que permitan desvirtuar los hechos que se le atribuyen», dice y agrega que «a sabienda de no cumplir las condiciones copulativas exigidas por la ley, la investigada ingresó» y llenó el formulario «bajo juramento de estar en las condiciones que la ley preceptuaba».

Además se detalló que la funcionaria para justificar la disminución efectiva de sus rentas en el porcentaje que la ley exigía informó que sus rentas de julio del 2020 correspondía a «cero» en lugar de las efectivamente percibidas, que le permitió recibir la suma de 500 mil pesos como aporte fiscal, la que restituyó a fines de octubre. 

Por su parte, la funcionaria se defendió y apuntó que estimaba que le «correspondía» el Bono Clase Media porque «además previamente había recibido un correo del SII que le ofrecía otro beneficio -un préstamo- como trabajador independiente» y señaló estar arrepentida.

Sin embargo, la fiscal judicial Carla Troncoso, que indaga el caso, sostuvo que «en esta etapa de la instrucción las explicaciones otorgadas por la investigada no se han justificado, al tiempo que tampoco configuran antecedentes que permitían desvirtuar los hechos que se le atribuyen».

Y agregó que «no se está investigando el perjuicio fiscal causado, sino que la probidad de la empleada, quien aun cuando ha ingresado recientemente al Poder Judicial, lo hace con los mismos privilegios de estabilidad y certeza en su estatuto».