La propuesta de eximir del pago de contribuciones a la vivienda principal solo beneficia a quienes más tienen, pone en riesgo el funcionamiento de la estructura pública local y avanza en un sentido opuesto a generar mayor solidaridad territorial y propiciar igualdad de oportunidad independientemente del lugar en el que se nazca.

Por Mila Ríos, académica de la carrera de Administración Pública Universidad Alberto Hurtado

Fuente: El Mostrador.cl

Nuestro segundo intento constituyente no logra entusiasmar. Probablemente, si no se tratara de un proceso con obligatoriedad de voto, todos estaríamos apostando por una abstención histórica. Sin embargo, un punto, un aspecto técnico relevado a través de una enmienda presentada por el Partido Republicano ha concitado interés y generado debate: se trata de una moción para eximir del pago de contribuciones a la vivienda principal, es decir, tratándose de la vivienda en que tiene domicilio una familia, y sin importar el avalúo, no pagaría contribuciones. Esto, que puede sonar como una medida que aliviaría el bolsillo de las familias chilenas, es, sin duda, una falacia que lejos de aliviar los bolsillos de las familias que más lo necesitan, podría agobiarlos.

Para sostener lo anterior, es necesario aclarar un par de cosas. Lo primero es que, actualmente, las propiedades cuyo avalúo fiscal (notar que el avalúo fiscal, en general, es muy inferior al avalúo comercial) es menor a $47.360.490 están eximidas de contribuciones. Por tanto, las familias de menores ingresos no pagan este impuesto en la actualidad. Es importante hacer notar que el último revalúo del Servicio de Impuestos Internos (SII) determinó que el 77% de las propiedades está exenta, es decir, 4,3 millones de viviendas (de un total de 5,6 millones).

Sí lo pagan las viviendas que exceden ese avalúo, es decir, aquellas de mayor valor, principalmente familias de clase media y clase alta. La ley determina rangos de avalúo a los cuales se aplican ciertas tasas; a mayor avalúo, mayor tasa. Este es un claro ejemplo de un impuesto progresivo, es decir, a mayor nivel de riqueza, mayor será el porcentaje de impuestos a pagar.

El impuesto a los bienes raíces es uno de los pocos impuestos en nuestro país que es progresivo, pero, además, su recaudación está destinada íntegramente a las municipalidades del país, constituyendo una de sus principales fuentes de ingreso y financiamiento. Lo recaudado a través de las contribuciones se destina, en su totalidad, al Fondo Común Municipal (FCM), cuyo funcionamiento y distribución están regulados por lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Rentas Municipales y en el denominado “Reglamento del FCM”, que señala que el fondo es un “mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país”.

El FCM, redistribuye tributos y derechos desde unas pocas comunas con más recursos, a una gran mayoría, cuya base tributaria es débil. De hecho, de acuerdo con cifras de 2017, solo cinco comunas aportan casi el 70% de todos los recursos efectivamente redistribuidos, y menos de 20 comunas (5% de las comunas de Chile) aportan alrededor del 90%. La comuna que más aporta representa un 28% de los aportes efectivos, ¿será necesario dar el nombre de estas comunas? Probablemente no.

Del otro lado, tenemos aquellas comunas cuya base tributaria es baja, dicho en otras palabras, no hay mucho que gravar. Son comunas donde la posibilidad de generar ingresos propios es muy limitada y, por ende, dependen de este fondo solidario. Tanto es así que 256 municipios (74% del total que son 345) dependen en más de un 50% del FCM.  Desde su creación en 1979, el FCM ha permitido el funcionamiento de la mayoría de las municipalidades del país, eliminar la principal fuente de financiamiento (60%) de este mecanismo distributivo, pondría en riesgo el funcionamiento de decenas de municipalidades, cuya función social y territorial es indiscutible.

La propuesta de eximir del pago de contribuciones a la vivienda principal solo beneficia a quienes más tienen, pone en riesgo el funcionamiento de la estructura pública local y avanza en un sentido opuesto a generar mayor solidaridad territorial y propiciar igualdad de oportunidad independientemente del lugar en el que se nazca. Esta moción nos debería alertar, no solo por la regresividad de la carga impositiva, sino que, principalmente, por el mensaje que subyace sobre el tipo de sociedad que queremos construir.