A horas de asumir su cargo, el ahora gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas –un ingeniero acuícola de 39 años- se refirió a los desafíos de su gestión. En declaraciones realizadas a Radio Cooperativa perfiló su acción política, dando cuenta de mesura y tacto,  pero volvió a señalar que el gobierno tiene disponible el estado de sitio. ¿Los defenderá cuando bajo este recurso algunos cometan graves atropellos a los derechos humanos?

El jueves 22 de febrero el Diario Oficial publicó la Ley 21.073 que Regula la Elección de Gobernadores Regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales. Esta normativa indica, entre otras cosas, que los jefes del gobierno regional se elegirán democráticamente, a partir del año 2020, pero que por efectos de la pandemia, recién este año se pudo realizar la elección democrática de la nueva autoridad regional.

La iniciativa se aprobó luego de que una comisión mixta zanjara que los actuales consejeros regionales electos en 2017 cumplirán su periodo hasta el 2022. Sin embargo, quienes resulten electos en las elecciones de 2021 estarán 3 años en sus cargos, para así coincidir con las elecciones territoriales y retomar los cuatro años habituales, en conjunto con los gobernadores regionales.

De este modo, se daría cumplimiento a la legislación, la cual indica que la elección de gobernadores regionales se realizará conjuntamente con la de Consejeros Regionales y en la misma fecha que las elecciones municipales. Es decir, en 2024 se elegirán gobernadores regionales, cores, alcaldes y concejales.

Así, recién este miércoles 14, los 16 gobernadores regionales elegidos en las históricas elecciones de mayo y en la segunda vuelta del 13 de junio, asumieron sus inéditos cargos, reemplazando la figura del intendente.

Los nuevos gobernadores regionales deberán -entre otras cosas- presidir el Consejo Regional, coordinarse con los demás órganos y servicios públicos de la región, y fiscalizar a aquellos que dependen del Consejo. También puede asignar recursos para el programa del Gobierno Regional, los programas de inversión sectorial, y formular políticas de desarrollo de la región considerando planes comunales, y coordinar y fiscalizar los servicios públicos dependientes o relacionados con el gobierno regional.

A horas de asumir su cargo, el ahora gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas –un ingeniero acuícola de 39 años- se refirió a los desafíos de su gestión. En declaraciones realizadas a Radio Cooperativa perfiló su acción política, dando cuenta de mesura y tacto cuando respondió por el difícil momento en que le correspondió llegar a su cargo.

Recogió algunas de las preocupaciones que ha tenido el Consejo Regional, que ha debido enfrentar el complejo escenario que provoca en la región, la falta de acceso al agua potable, especialmente en sectores rurales y también en comunas con mayores niveles de pobreza. “Nuestra Araucanía tiene 19 mil familias que todavía dependen de camiones aljibe”, dato que no por ser reiterado, deja de ser menos dramático.

Sin embargo, no eludió el mayor conflicto de la región: la violencia rural, que ya se está presentando en sectores urbanos. La situación es delicada porque además de la pérdida de bienes y fuentes de trabajo, este clima es un poderoso motor para detener la inversión que, de acuerdo a a actual régimen económico y financiero del país, es la única vía para enfrentar el desempleo. Fue claro en señalar que el diálogo es el único camino capaz de terminar con la violencia, que se vio agravada por la muestra de armas de guerra durante el velatorio y funerales de un comunero caído en un enfrentamiento con carabineros.

Todo iba bien, hasta que en la Radio Pauta, le preguntaron por el estado de sitio. “En opinión de la autoridad es necesario contar con una Ley de Inteligencia para que las policías puedan enfrentar a grupos violentistas que tienen un alto poder de fuego”, respondió.

Y agregó: «Yo creo que el estado de sitio es una de las herramientas que tiene el Gobierno en este caso para poder enfrentar la situación. Hoy día qué es lo que ha pasado en nuestra región que, incluso con toque de queda, los atentados siguen ocurriendo, no ha sido un freno para este tema. Pero yo creo que el Gobierno en este caso tiene las atribuciones y tiene que ocupar todas las herramientas que tenga y en esto no estoy hablando de que sea una región completa a la que se tenga que ir, sino que hay zonas puntuales donde se tiene que hacer un control distinto y bueno. Si esa es una herramienta que el Gobierno tiene a la mano, tiene que utilizarla.

Pero, ¿Qué es el Estado de Sitio?

La Constitución de 1980 contempla cuatro estados constitucionales, que pueden ser declarados por el Presidente de la República en situaciones en que altera la situación de normalidad y regularidad de los derechos y libertades de las personas garantizadas por la Constitución Política, debido a razones extraordinarias y graves, con la finalidad de proteger otro bien mayor.

En concreto, el Estado de Sitio puede ser decretado por el Presidente con acuerdo del Congreso en caso de guerra interna o «grave conmoción interior».

Y permite restringir la libertad de locomoción, el derecho a reunión y poder arrestar a personas en su morada o en otros lugares, detalla la biblioteca del Congreso, dice una nota de T13.

Se trata, entonces, de una medida sumamente excepcional.

La situación no solo es delicada, es muy grave. El problema es qué pensarán en las FF.AA. sobre esta tarea que nuevamente solicitan de sectores de derecha y empresariales, que a cada rato piden estado de sitio. El escenario –complejo- debe estar siendo analizado hace mucho tiempo por los jefes castrenses, quienes deben estar preguntándose si esos sectores políticos nuevamente los abandonarán cuando se vea el saldo de esa medida.

Porque la historia reciente –después del 73- oficiales y subalternos que bajo esa medida excepcional, cometieron crímenes, aplicaron torturas y hasta la desaparición de personas y hoy  un centenar está encarcelado y se quejan de ser abandonados su suerte, luego que el Poder Judicial los acusó y encarceló, por graves atropellos de los derechos humanos. Los que hoy piden la aplicación del estado de sitio ¿saldrán en su defensa cuando dicha medida termine y se vuelva al cauce democrático?