Para muchos aquel día en septiembre de 1973 fue un horror de aquellos que nadie veía venir. Otros salieron a hablar de “libertad” tras tres años de crisis. Lo cierto es que tal golpe fue peor para lo que vino después: ejecutados, desaparecidos, exiliados, asesinados, pactos de silencios, medios intervenidos, apagón cultural entre otras tantas barbaridades que también se replicaron en otros países de Latinoamérica en complicidad con Estados Unidos, cuyas atrocidades se demostraron con el paso de los años y que hasta la fecha, hay una narrativa que busca, tal como lo dijo Manuel Guerrero (hijo de un destacado dirigente gremial y que fue asesinado por la policía secreta del dictador Pinochet), doctor en Sociología de la Universidad de Chile, “Hay una muy fuerte ofensiva para reescribir la historia, revisarla e incluso negarla”. Desde el informe Rettig y la Comisión Valech demostraron que entre 1973 y 1990 hubo más de 40 mil víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Pero al parecer, la derecha, en parte hace oídos sordos a aquello. Algunos de sus parlamentarios lo justifican con creces, niegan, incluso hablan de “leyenda urbana”. El volcamiento de ciertos sectores en reescribir la historia a su antojo no hace otra cosa más que negar lo ocurrido en ese 11 de septiembre, tan caótico como doloroso, porque esa historia no se puede borrar con el codo, y es una herida que nunca va a sanar.

La ola de negacionismo, que llega a ser en redes sociales, recalcitrante, proveniente de noticias falsas, de una notoria desinformación malintencionada, en especial de falta de educación, han hecho corrosión en todos los sentidos el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado donde se ha buscado la forma, por parte de un sector vinculado a este hecho, de reescribir la historia, revisarla, y llegando al hecho de negarla, tal como lo mencionó Manuel Guerrero, Dr en Sociología de la Universidad de Chile.

Parece que no se entiende lo que han dejado como material histórico el Informe Rettig y la Comisión Valech, así como investigaciones periodísticas, entre la fuerza y la voluntad de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, abogados, ministros en visita que han podido hacer justicia y entregarle paz a esas familias, a sus nietos, bisnietos, que buscaron por años a otros, muchos murieron sin poder ver a los suyos volver, y es algo que, en algunos casos, falta saber qué pasó, cómo ocurrió, porqué existe gente, sean civiles o militares, cómplices activos y pasivos que no dicen qué pasó, y más de alguno continúa impune.

Para hacer frente a esa “impunidad”, el Presidente de la República, Gabriel Boric, firmó el decreto que da comienzo al Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, con un objetivo muy claro como decidor, “una política pública permanente y sistemática, dedicada a esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino de las víctimas de desaparición forzada” en nuestro país.

Más allá de los resultados que puedan lograrse o no, el Mandatario fue claro, “tengo la convicción de que la democracia es memoria y es futuro. Y no puede ser la una sin la otra”, esto significa que dicho plan logra ser un testimonio que para el Estado está de lado de las víctimas, porque es una memoria de alta importancia para el país y que no puede ser olvidado bajo ninguna circunstancia.

Otro gesto de alto valor, y sobre todo muy sorpresivo, fue el que hizo el general en retiro, Ricardo Martínez, quien fuera comandante del Ejército, “creo firmemente, con mi formación y con mi paso de más de 46 años en el Ejército, que la responsabilidad de todo lo que ocurrió la tiene el comandante en jefe de la época, el general Augusto Pinochet”, añadiendo que, “hubo suboficiales subalternos a quienes les ordenaron los fusilamientos, diciéndoles que eran producto de un consejo de guerra que no era tal. Cuando se investigó, esos mismos oficiales de más alto grado negaron haber dado la orden”, poniendo como ejemplo el caso de la Caravana de la Muerte.

Para muchos aquel día en septiembre de 1973 fue un horror de aquellos que nadie veía venir. Otros salieron a hablar de “libertad” tras tres años de crisis. Lo cierto es que tal golpe fue peor para lo que vino después: ejecutados, desaparecidos, exiliados, asesinados, pactos de silencios, medios intervenidos, apagón cultural entre otras tantas barbaridades que también se replicaron en otros países de Latinoamérica en complicidad con Estados Unidos, cuyas atrocidades se demostraron con el paso de los años y que hasta la fecha, hay una narrativa que busca, tal como lo dijo Manuel Guerrero (hijo de un destacado dirigente gremial y que fue asesinado por la policía secreta del dictador Pinochet), doctor en Sociología de la Universidad de Chile, “Hay una muy fuerte ofensiva para reescribir la historia, revisarla e incluso negarla”. Desde el informe Rettig y la Comisión Valech demostraron que entre 1973 y 1990 hubo más de 40 mil víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Pero al parecer, la derecha, en parte hace oídos sordos a aquello. Algunos de sus parlamentarios lo justifican con creces, niegan, incluso hablan de “leyenda urbana”. El volcamiento de ciertos sectores en reescribir la historia a su antojo no hace otra cosa más que negar lo ocurrido en ese 11 de septiembre, tan caótico como doloroso, porque esa historia no se puede borrar con el codo, y es una herida que nunca va a sanar.

Y la historia siempre pone, las cosas en su lugar.