Una serie de irregularidades al interior de CONAF de La Araucanía estableció la Contraloría General de la República, luego de una investigación que solicitó el diputado Sebastián Álvarez Ramírez (Evópoli).

El parlamentario precisó que “el año pasado recibimos de parte de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal de La Araucanía preocupantes denuncias sobre presuntas irregularidades sobre mal manejo de recursos públicos, lo que pusimos de inmediato en conocimiento de la Contraloría Regional de La Araucanía”.

El congresista agregó que “después de meses de espera, recibimos del ente contralor la confirmación de varios hechos que van a derivar en sumarios e investigaciones internas que buscaran responsables de   casos como: pago excesivo de viáticos, arriendo de departamentos que presuntamente nunca fueron ocupados, y lo que más llama la atención, la adjudicación de licitaciones a familiares de directivos de la CONAF, lo que nos parece grave y que debe ser aclarado”.

Álvarez aseveró que “ya hemos destapado la olla en CONAF y las cosas huelen mal, son contrarias a la probidad pública y demuestran actos nepotistas. Agradecemos el celo profesional de los funcionarios de la CONAF de La Araucanía, quienes han permitido que se inicie un proceso aclaratorio que determinara responsables que están siendo sindicados por la Contraloría”.

El informe de la Contraloría precisa que se “advirtió que el jefe de Departament0 de Protección e Incendios Forestales y jefe de Operaciones del mismo departamento utilizaron el servicio de alimentación, no obstante que sus contratos de trabajo no consagraban dicho beneficio y además ambos empleado, algunos días que se les otorgó alimentación por parte del servicio, cobraron viáticos por el mismo concepto, por lo que se observa la suma improcedente de $706.268. Por otra parte se verificó la suma de $283.99”.

La Contraloría exige el reintegro para quienes son funcionarios o restitución para quienes ya no forman parte de la institución, de los recursos pagados de forma improcedente, en un plazo de 60 días”.

La investigación estableció que “CONAF pagó el arriendo de un departamento amoblado en la ciudad de Angol, por la suma de 1.041.250 pesos a la empresa Sociedad de Hotelería y Turismo Barrancones S.A. el cual no fue utilizado”.

El documento también expresa que se “advirtió la adjudicación de diversas licitaciones al hermano del jefe de brigada del Departamento de Protección de Incendios Forestales, quien tiene la misma dirección particular que el jefe de dicho departamento y este último formó parte de la comisión evaluadora, sin abstenerse, para lo cual se deberán establecer los controles necesarios para que situaciones como la expuesta no vuelvan a ocurrir”.

Contraloría le solicitó a Conaf decretar una investigación interna para establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, “con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos representados”.

Por último se corroboró la construcción “irregular de una base de brigada de incendios forestales en un terreno de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía, sin que el contrato de arriendo con ese servicio lo permita y sin contar con el respectivo permiso de edificación municipal”.