Isabel Allende, senadora del Partido Socialista, dio su último discurso en la Cámara Alta, luego de ser destituida por el Tribunal Constitucional debido a la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, por parte del Estado. Visiblemente emocionada, Allende dedicó una intervención de 16 minutos, en la que expresó el dolor que le causó la abrupta conclusión de más de tres décadas de servicio público.

Durante su alocución, Allende defendió que actuó de buena fe, confiando en la institucionalidad y con la intención de preservar la memoria histórica de su padre. No obstante, también reconoció su error al no haber considerado la inhabilidad que estipula la Constitución, aunque apuntó contra el gobierno por no haberla advertido de dicha restricción constitucional antes de la operación.

En medio de su discurso, que fue seguido por aplausos y abrazos de sus compañeros socialistas, la senadora dejó en claro que su situación representaba un golpe a la justicia y los principios democráticos. Criticó la forma en que se dio a conocer el fallo y cuestionó la falta de notificación oficial de su destitución.

Por otro lado, la situación sigue siendo un tema de tensión tanto en el oficialismo como en el Partido Socialista. El gobierno ha defendido a Francisca Moya, la abogada de la Segpres, que fue señalada por no advertir sobre la inhabilidad legal en el proceso, y a pesar de los cuestionamientos, se ha descartado su salida del Ejecutivo.

En paralelo, el Partido Socialista ha solicitado al presidente Gabriel Boric que se asuman responsabilidades políticas por el caso, destacando las desprolijidades en el proceso que llevaron a la destitución de Allende. Mientras tanto, la relación entre el gobierno y el PS atraviesa momentos delicados, con algunos movimientos en las nominaciones del Ejecutivo, como el retroceso en la designación de la abogada Antonia Rivas al consejo del Servel, que fue interpretado como un intento de suavizar las tensiones.

Este caso sigue sacudiendo la política chilena, al tocar de lleno el legado de Salvador Allende y abrir un debate sobre la ética política y la responsabilidad institucional en el país.