Por Javier Bustos, Psicólogo, UNAB

La praxis de la psicología se ha extendido a diversos espacios de nuestra sociedad, ajustándose a los cambios que surgen en el plano social, político y cultural. Las y los profesionales de salud mental han incorporado la valoración de la diversidad religiosa, el enfoque de género y el multiculturalismo como aspectos centrales al momento de comprender las necesidades de individuos y grupos, a fin de diseñar acciones para la promoción de su bienestar. Este cambio se ha podido observar en la práctica clínica, pero también en otros espacios como la educación, las organizaciones y las comunidades donde las y los profesionales de salud mental ejercen su labor. Este es un progreso relevante que nos acerca al ideal de promover una salud mental de calidad para todas y todos, pero ¿Qué hay de la inclusión de personas en situación de discapacidad en nuestro quehacer profesional? ¿Qué desafíos experimentamos?

Para contestar estas preguntas, debemos detenernos a reflexionar respecto de cómo entendemos la Discapacidad. En los tiempos que nos convocan, ésta es entendida como un fenómeno socialmente producido. Agustina Palacios en su libro “El Modelo Social de la Discapacidad”, nos explica que un atributo físico o psicológico configurará una situación de discapacidad dependiendo del contexto en el que se inserte el individuo. Un par de ejemplos permitirán ilustrar el punto, una persona sorda verá su vida limitada significativamente, solo si hay un contexto incapaz de comunicarse adecuadamente con esa persona, ya sea porque ese lenguaje no ha sido desarrollado o por el hecho de que las personas del entorno no saben utilizarlo. En ese caso, el individuo sordo se encontrará en una situación de Discapacidad, pues habita en un ambiente que carece de las condiciones básicas para acogerlo… del mismo modo una persona con un funcionamiento cognitivo que distan del grupo dominante, verá obstaculizada sus opciones de participación social y política, acceso a derechos básicos y un trabajo digno.

La propuesta anterior tiene diversas implicancias y desafíos para la práctica de las y los profesionales de salud mental. Quizás uno de los más relevante es comprender el sufrimiento de las personas en situaciones de discapacidad como una experiencia inseparable de los aspectos culturales, económicos y territoriales en el que se inserta la persona, esto supone que la práctica no puede reducirse a intervenciones privadas y aisladas, desconectadas del quehacer de otros profesionales o del entorno familiar o de un contexto más amplio. Será crucial, de este modo, la inserción del profesional de salud mental en una red de colaboración social y un trabajo a nivel comunitario buscando la promoción del bienestar de este grupo humano.

Otro aspecto a tener cuenta es el deber de replantearse permanente respecto de los propios prejuicios o estigmas, muchas veces inconscientes, que pudiesen existir y que irían en detrimento del apoyo a este colectivo. El hecho de verlos como personas carentes de recursos personales o que no pueden llevar una vida satisfactoria es un prejuicio usual. Por último, resulta urgente adquirir una formación teórico práctica adecuada las necesidades de ellos y ellas. Las personas en situación de Discapacidad constituyen un 15% de la población mundial, es decir, más 1. 000 de seres humanos… ¿Cuántos profesionales de salud mental fuimos o están siendo formados en nuestra educación universitaria para apoyar a este grupo humano? 

La manera en la que abordaremos desafíos definirá el bienestar de una enorme cantidad de personas en nuestro planeta.