Una serie de omisiones y falencias en la implementación de la Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales detectó el estudio realizado por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y que fue expuesto ante la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados.

La investigación se realizó con el Fondo Alquimia y siete organizaciones territoriales en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Biobío, Araucanía, Aysén y Metropolitana. Ello, mediante una indagación cualitativa, con entrevistas en la atención primaria a los equipos de alto riesgo obstétrico (ARO), encargados de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), matronas y pacientes.

Conforme a lo presentado, el estudio detectó falta de entrega de información a las mujeres sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo; capacitación insuficiente al resto del personal de salud; y aumento de la objeción de conciencia de los profesionales de salud en las tres causales que son: riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.

Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, ejemplificó la situación relatando que había una mujer que acusó tener una enfermedad renal importante que se le agravó durante el embarazo, en donde el equipo IVE acreditó la primera causal de aborto, pero que necesitaba la firma del profesional especialista para proceder que se negó.

«El nefrólogo dijo que no; que a él no le parecía, que el embarazo debía continuar. Finalmente, esa mujer tuvo que acceder a una interrupción de emergencia con un grave detrimento para su salud y recibió un mortinato. Entonces ¿qué necesidad había de hacerla llegar hasta ese punto? Eso provoca la falta de capacitación del resto del personal”, enfatizó.

En tanto, Camila Maturana de Corporación Humanas, observó al aumento de la objeción de conciencia en médicos, anestesistas y personal paramédico de pabellón, sobretodo en la causal de violación. Sostuvo que, después del reglamento, más de la mitad de los obstetras que trabajan en un establecimiento público de salud señala no estar dispuesto a interrumpir el embarazo de una niña o una mujer que ha sido violada.

«Eso nos parece que es de la mayor gravedad porque no conocemos cuáles son las medidas que el Ministerio de Salud está implementando. Uno, para fiscalizar y saber si la ley efectivamente se está cumpliendo en todos los territorios. Y, dos, para garantizar que los derechos que esta ley supuestamente reconoce a las mujeres y niñas sean efectivamente cumplidos”, destacó.

Vulnerando la vulnerabilidad

La diputada Maite Orsini (RD) llamó la atención sobre la vulneración que existiría hacia las mujeres y niñas que han sido violadas y que optan por interrumpir el embarazo.

“Señalaban que cuando es por la tercera causal por la que se quiere acceder a esta prestación médica, muchas veces se juzga a la mujer. Dicen ¿será verdad? ¿Estará mintiendo? ¿Estará inventando? Y se parte desde la desconfianza a la mujer», planteó.

Para la legisladora, esta situación implica que, como Estado, «estamos vulnerando y agravando la situación de vulnerabilidad en que está la mujer, en vez de contenerla, protegerla y resguardarla frente a la situación que está viviendo”.

En cuanto al acompañamiento biosicosocial de las mujeres que optan por el aborto, el estudio detectó que muchas veces el trabajo de las duplas no es apoyado ni facilitado por los centros de salud.

La diputada María José Hoffmann (UDI) informó que la Comisión acordó solicitar al Ministerio de Salud el desglose de las cifras por región en las tres causales y que se pronuncie sobre los efectos, recordando que también existen posiciones, como la de su sector, que no creen en el aborto, sino en que las mujeres tienen que tener acompañamiento o posibilidades distintas a la del aborto.

«Conocer las políticas de acompañamiento, cómo se han ido aplicando, cuántas mujeres lo han usado. Entendemos que esta es una ley que es nueva, que está recién aplicándose y que debe tener sus complejidades y esperamos, en ese sentido, que se cumpla la ley, pero sobretodo que se pueda resguardar el acompañamiento que necesitan las mujeres para evitar estos casos”, recalcó.

Según cifras de la página web del Ministerio de Salud, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año hubo un total de 175 casos de interrupción voluntaria del embarazo en establecimientos de salud públicos y privados. De ellos, 55 fue por la causal de riesgo de la madre, 93 por la causal de inviabilidad fetal y 27 por la de violación.