El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, condenó hoy la destrucción de archivos, microfilms y documentación que manejaba la ex Central Nacional de Información (CNI) entre los años 1980 y 1982, como también la inexistencia de antecedentes de inteligencia y contrainteligencia anteriores al año 2001.

La eliminación de dichos documentos se conoció hoy tras difundirse en la prensa un informe del Ejército de Chile en el que se admite la incineración de archivos de dicha época y, a su vez, la inexistencia de actas de incineración. Según consigna la investigación interna realizada por la institución castrense, tampoco se encontraron “pruebas físicas de su existencia y, de haber existido, no se ha podido determinar su lugar de archivo, eventual microfilmación, personas que intervinieron en ello, circunstancias y pormenores de su confección, catalogación, archivo, y destrucción”.

A juicio del presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, este hecho “representa una grave vulneración al derecho de acceso a la información de todos los chilenos y destapa una seria y reprochable conducta por parte de quienes eran responsables de resguardar antecedentes de carácter público y que pertenecen a toda la sociedad. Es un hecho que atenta contra la memoria histórica de Chile”.

Drago indicó que el 10 de noviembre pasado, a raíz de un reportaje publicado en “The New York Times” y que daba cuenta de la destrucción de documentos de la ex CNI, el Consejo para la Transparencia envió un oficio al Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, solicitando que “informe la veracidad de los hechos objeto de la nota de prensa y sus antecedentes, los protocolos de gestión documental aplicables a este tipo de información y, en general, la documentación sobre los procedimientos que se hubieren aplicado en éste y otros casos respecto de antecedentes de violaciones a los derechos humanos que forman parte de la memoria histórica del país”.

En dicho oficio, se señala que de ser efectivos estos hechos “ello podría generar un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho de acceso a la información”.

Marcelo Drago recalcó que el Consejo para la Transparencia está a la espera de la respuesta de dicha institución y añadió que “es deber y obligación de los organismos públicos resguardar, custodiar y proteger la información que está en sus manos, siguiendo estándares y acciones de preservación, conservación y reconstrucción de la documentación, y que claramente en este caso se menospreciaron sin ningún tipo de consideración”.