La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío, a través de dos líneas especializadas, anunció la representación jurídica social de la familia de Benjamín Aguilera Grandón y la presentación de dos querellas por la muerte del niño de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en el río Imperial, luego de una semana de búsqueda en la comuna de Carahue, en la Región de La Araucanía.

El director general (s) de la CAJ Biobío, Gonzalo Contreras, acompañado por los equipos profesionales del Centro de Atención a Víctimas (CAVI) y Programa Mi Abogado (PMA) de la Institución, se reunieron este jueves en Temuco con familiares de Benjamín, para coordinar la entrega de asesoría judicial, social y psicológica a los familiares y víctimas indirectas del niño fallecido en Carahue.

Contreras enfatizó que hay un nuevo rol que la CAJ asumirá en casos de este tipo y otros de connotación social. “Lo que en definitiva queremos realizar es la búsqueda de verdad de este caso. Es por eso que como Corporación de Asistencia Judicial vamos a presentar dos querellas criminales y que tienen por objeto ayudar en la búsqueda de una respuesta para la tranquilidad de esta familia”, agregó.

Benjamín fue reportado desaparecido el sábado 9 de octubre, tras el volcamiento de un bote en el que se encontraba junto a otro adolescente y una persona mayor de edad. Luego de una semana de búsqueda y el despliegue de distintos equipos en el río Imperial, en la mencionada comuna, se encontró el cuerpo sin vida. En medio de las labores de rastreo, familiares de la víctima plantearon dudas respecto y afirmaron que la muerte del niño no correspondería a un hecho accidental.

El Programa de Representación de Niños, Niñas y Adolescentes “Mi Abogado” será parte del proceso a través de una querella, contó Heidi Arellano, coordinadora (s) del programa. “La querella está dirigida a todos quienes resulten responsables, también a un adulto que está individualizado, y tiene por objeto despejar las dudas que tiene la familia sobre que este hecho no fue un accidente, sino que fue más bien constitutivo de delito”, añadió.

En el mismo sentido, Mónica Muhaded, coordinadora del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos en La Araucanía, explicó que el objetivo de todo este trabajo es apoyar a la familia. “Para ello vamos a brindar nuestra asesoría jurídica, psicológica y social para esclarecer los lamentables hechos que sucedieron y apoyar a la familia desde ese punto de vista”, dijo.

Los Centros y Unidades de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) están conformados por un equipo interdisciplinario compuesto por abogados, psicólogos y asistentes sociales, y el objetivo de ese trabajo es ayudar a la víctima y su familia a reparar el efecto causado por la vivencia de un delito violento.

Eder Grandon, tío del niño fallecido, agradeció la asesoría brindada, que se formalizó en el encuentro con el Director General y los equipos.

“Queremos esclarecer si lo que ocurrió fue un accidente, si fue intencional. Nos generan dudas las declaraciones y contradicciones que ha habido. Si hay un responsable esperamos que pague, por ello agradezco el apoyo que nos están brindando en los programas, porque gracias a eso sentimos que podemos llegar a una verdad”, afirmó Grandón.

Las querellas buscan que la familia pueda ser parte del proceso de investigación que sigue el Ministerio Público por este caso.