Por unanimidad se despachó en la Comisión de Vivienda, la iniciativa de ley que regula y obliga a los ejecutores de proyectos inmobiliarios a realizar aportes públicos en las ciudades, “para de este modo hacerse cargo de los impactos que generan en su entorno inmediato, especialmente en el tema de movilidad”, explicó el presidente de la instancia, Eugenio Tuma Zedán.

“La nueva norma permite que las iniciativas con alto impacto de densificación y construcción en altura, puedan cumplir con la obligación de ceder terrenos para mitigar el impacto vial, equipamiento y áreas verdes, que se estableció en el año 2001, pero que no se estaba cumpliendo por la escasez de terrenos que hay en las áreas urbanas más pobladas”, detalló el congresista PPD de La Araucanía.

Con esta legislación, ahora se permitirá también reemplazar esta exigencia  por un aporte en dinero que se canalizará en un fondo destinado a financiar las obras de equipamiento o mejoramiento vial en cada ciudad. “Las municipalidades y los gobiernos regionales en las áreas metropolitanas dispondrán de un catastro de proyectos para invertir”, especificó Tuma.

El proyecto también contempla otros perfeccionamientos a la legislación existentes, como la utilización de planos de detalles para precisar aspectos de los planos reguladores y permitiendo que se puedan establecer incentivos urbanísticos para promover otros aportes que mejoren la calidad y características del espacio público existente.

Detalle del proyecto

La iniciativa aborda dos ámbitos principales. Por una parte regula la obligación de todos los proyectos inmobiliarios de mitigar los impactos que generan en su entorno inmediato, especialmente en el tema de movilidad.

“Para esto establece la elaboración de un estudio denominado “Informe de Mitigación Vial”, que considerando aspectos como las características, complejidad o tamaño del proyecto, establece las medidas que se deberán desarrollar para no afectar las condiciones de movilidad y calidad de vida existentes en un determinado sector de la ciudad”, acuñó Tuma.

También, el proyecto regula el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, de manera que así como los proyectos aportan al espacio público mediante la ejecución de su vialidad estructurante y la cesión de zonas para equipamiento y áreas verdes; los proyectos que se ejecutan en densificación también lo hagan de manera equivalente.

“Para esto la nueva norma permitirá que los proyectos por densificación como las construcciones en altura, puedan cumplir esta obligación mediante un aporte que se destinará a la ejecución de obras establecidas en un Plan de Inversiones en Infraestructura y Espacio Público que elaborará cada municipio”, detalló el presidente de la Comisión de Vivienda.

Esta iniciativa permitirá conciliar el desarrollo inmobiliario con la calidad de vida de las ciudades y sus entornos que en la actualidad reciben los costos de estos proyectos que no se hacen cargo de sus impactos, concluyó.