“El caso Camilo Henríquez sólo termina por ratificar que, si los derechos de los consumidores estuvieran consagrados y garantizados por el Estado en la Constitución, estaríamos realmente protegidos”.

Escribe: Richard Caamaño, candidato independiente (Independientes por la nueva Constitución) por Distrito 23 a Convencional Constituyente.

Una vez más la educación nos pone en jaque cuando se trata del mundo privado.  Ni el estado se involucra por ser un conflicto entre privados, ni la empresa reconoce nuestros derechos como consumidores y la ley se transforma en un problema más que en una solución cuando nos obliga a recurrir a instancias que sólo generan incertidumbre dilatando aún más nuestra agonía.

Una corporación de derecho privado que no reconoce el derecho de sus trabajadores y que evita el diálogo obligándolos a recurrir a una huelga legal, tiene hoy a una gran parte de sus alumnos sin clases, a los apoderados de estos alumnos en la incertidumbre y, por si fuera poco, pagando una mensualidad por un servicio que no se está prestando. ¿Y qué nos dice la autoridad educacional? Que es un conflicto entre privados. ¿Y qué nos dice la ley del consumidor? Que todo pago por un servicio que no se esté prestando debe ser devuelto. ¿Cómo destrabar el problema si tanto los trabajadores como los consumidores tienen derechos que no le son reconocidos por el privado, pero que tampoco son velados por la autoridad?

Ya lo vimos en el caso de las mensualidades de colegios privados y universidades que no cumplieron con un servicio de calidad durante las clases online en cuarentena, cobrando las mensualidades sin distinción y, quienes terminaron perdiendo, para variar, fuimos los consumidores.

El caso Camilo Henríquez sólo termina por ratificar que, si los derechos de los consumidores estuvieran consagrados y garantizados por el Estado en la Constitución, estaríamos realmente protegidos. El trato sería muy distinto, ya que el privado no tendría espacios para vulnerar nuestros derechos, el estado estaría involucrado y habría una mejor fiscalización a este tipo de empresas que sólo buscan el lucro a través de la educación sin responsabilidad social, maximizando sus ganancias al amparo de un Estado que nos abandona, de una ley sobrepasada y de una constitución que no nos ampara.