La candidata tenía el respaldo del líder del PDG, Franco Parisi, quién remarcó en un video de campaña que “doña Karlita va a ser una fiel representante de la lista del Partido de la Gente para este nuevo proceso de Constitución”. 

A través de redes sociales se denunció que la postulante al Consejo Constitucional del Partido de la Gente por la Región de Arica y Parinacota, Karla Angélica Añes Gajardo (42), fue condenada el año 2011 por el delito de microtráfico de cocaína y que recibió una condena de cinco años y un día de cárcel efectiva, pena que cumplió hasta octubre de 2016. 

Según informó El Mostrador, con base a información del Poder Judicial, el hecho se remonta al 10 de septiembre de 2010, cuando la mujer fue sorprendida transportando cuatro paquetes con clorhidrato de cocaína en el Terminal Alameda de Estación Central.

La sentencia fue dictada en 2011 por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que determinó una pena efectiva de cárcel debido a que la imputada tenía otra condena por microtráfico que se remontaba a enero de 2010.

Conocido el antecedente, desde el PDG se desmarcaron al indicar que la resolución judicial les era «desconocida» e informaron que la aspirante a consejera constitucional presentó su «renuncia a la campaña».

«Ha tomado la decisión de dar un paso al costado en esta candidatura presentando su renuncia a la campaña», indicó a Radio Universo Elizabeth Rodríguez, candidata del mismo partido en la RM.

El presidente del Servel,  Andrés Tagle, informó se estaba abriendo una investigación por este caso.

“Nosotros estamos investigando el caso, la tenemos como ciudadana con derecho a sufragio y estamos viendo si se nos notificó esa condena“, aseguró.

Posteriormente, en rueda de prensa, aseveró que se notificó al SERVEL sobre la condena en 2017.

«Esta persona fue condenada a un delito de materia flictiva por el 2011. A nosotros se nos notificó esta situación y su ciudadanía, ella perdió su derecho ciudadano, porque es el efecto que produce. Pero, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, cumplida su pena, ella recuperó su derecho a la ciudadanía, y se nos notificó el cumplimiento de la pena en 2017 por el Registro Civil, por lo que ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio», expresó en rueda de prensa.

«El artículo 13 de la constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a sufragio y derecho a postular a cargos de elección popular, que fue lo que ella hizo», añadió el presidente del SERVEL.

De igual forma, indicó que se había establecido un plazo para el reclamo de las candidaturas, hecho el cual no se realizó.